Trump al desnudo: un juez publica la orden de registro de su mansión de Florida

Este viernes a las 12 en punto del mediodía se cumplía el plazo marcado por el magistrado Bruce Reinhart al Departamento de Justicia de Estados Unidos para hacer público el documento que justifica la orden de registro del FBI del pasado 8 de agosto en la residencia del ex presidente Donald Trump de Mar-a-Lago.

Se trata del mismo juez que autorizó la orden de registro del FBI en la residencia del ex presidente republicano. Tras el revuelo político, mediático y social despertado por el calificado por el magnate neoyorkino como “ataque” contra su “preciosa casa” en “la mayor caza de brujas de la historia” de Estados Unidos, el magistrado del estado de Florida considera esencial que el público tenga acceso toda la información posible sin poner en riesgo el proceso de investigación en curso.

En la polémica búsqueda llevada a cabo en agosto por el FBI con la correspondiente autorización de orden de registro, las autoridades confiscaron más de 20 cajas que contenían 11 conjuntos de registros gubernamentales de información clasificada. En 14 de las 15 cajas entregadas de los Archivos Nacionales, el FBI identificó documentos con marcas de clasificación. En ellas, se puedo obtener la siguiente información: 184 documentos únicos que contenían marcas de clasificación, 67 de ellos identificados como “confidencial” (el nivel más bajo de seguridad nacional), 92 como “secreto” y 25 como “ultra-secreto”.

Los registros que el FBI obtuvo de la mansión del magnate en Florida antes de la búsqueda de principios de agosto tenían indicaciones de que contenían inteligencia de fuente humana, es decir, interceptaciones bajo la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera e inteligencia de señales, así como otras etiquetas que indican que el contenido era de alta sensibilidad. Varios de esos documentos estrictamente controlados contenían también “notas escritas a mano” de Trump, tal y como confirma la declaración jurada parcialmente redactada que da a conocer algunos detalles principales de la investigación puesta en marcha por el Departamento de Justicia.

Y, con la esperada declaración, el tribunal de Florida también hacía público este viernes otro documento para explicar el razonamiento del Departamento de Justicia que le llevó a redactar dicha declaración jurada, en la que cita la necesidad de proteger a algunos testigos de la investigación, así como a la pesquisa propiamente dicha. Los fiscales también agregaron, en otra presentación judicial revelada este viernes, que la investigación criminal en curso sobre los registros gubernamentales escondidos en la mansión de Trump ha involucrado a “un número significativo de testigos civiles” cuya seguridad podría verse comprometida si se desvela su identidad.

Desde que se llevó a cabo el registro en su vivienda, Trump se ha defendido atacando al Departamento de Justicia de estar politizado y alegando que ha colaborado estrechamente con la institución para facilitarles el material solicitado. Pero algunas interacciones de los abogados de Trump dadas a conocer este viernes, que datan del pasado 25 de mayo, demuestran lo contrario.

La investigación se puso en marcha el año pasado cuando los Archivos Nacionales, responsable de almacenar documentos confidenciales de la Casa Blanca cuando culmina el mandato de un presidente de Estados Unidos, alertó de la ausencia de información clasificada que debían caer en sus manos cuando Trump abandonó la residencia presidencial. El ex presidente se llevó junto a sus pertenencias de la mudanza una buena parte de la documentación que pasó a pertenecer al gobierno federal.

Desde enero, los Archivos Nacionales enviaron varias alertas al ex presidente republicano, que incluían citaciones judiciales para devolver el material sensible retirado de la Casa Blanca. Ya en febrero se llevaron cerca de 15 cajas con ese contenido, que contenía cartas escritas a mano por mandatarios como la que le entregó el ex presidente Barack Obama durante el relevo presidencial de 2017 o la que le escribió el líder norcoreano Kim Jong Un durante su histórico encuentro en la frontera.

La declaración jurada publicada este viernes también ponía de manifiesto que, según el gobierno federal, la afirmación de que se le pidió al equipo de Trump que pusiera una cerradura más fuerte en la habitación del sótano donde guardaba los documentos que se llevó de la Casa Blanca no fue en realidad lo que le habían solicitado, sino que su intención había sido asegurar la sala para dejar la documentación de su interior lo más protegida posible.

Si la actual investigación puesta en marcha por el Departamento de Justicia así lo demuestra, el ex presidente podría haber cometido tres delitos graves y enfrentarse, por ellos, a penas de multas y cárcel: por vulnerar la Ley de Espionaje, por obstrucción de la Justicia y destrucción de documentos.

La reacción de Trump

Donald Trump reaccionó este viernes a la divulgación asegurando que no hizo “nada malo” y que lo sucedido es “un ataque político”.

“No hice nada malo. Básicamente hemos sido atacados, fuimos allanados. Abrieron las cajas fuertes, llevaron a muchos, muchos agentes del FBI, todo justo antes de las elecciones de medio mandato” de noviembre, publicó en su red Truth Social.

Trump subrayó que la declaración jurada hecha pública está “muy editada” y sin ninguna mención sobre armamento “nuclear”, por lo que tachó lo sucedido de “subterfugio total de relaciones públicas por parte del FBI y del Departamento de Justicia”.