EEUU planea nombrar un fiscal especial que investigue a Trump ante su posible candidatura presidencial

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está estudiando la posibilidad de designar un fiscal especial que supervise las investigaciones abiertas contra el expresidente Donald Trump ante la posibilidad de que vuelva a presentarse como candidato para las presidenciales previstas para noviembre de 2024.

A medida que esta posibilidad parece materializarse con la vista puesta en las ‘midterm’ de la próxima semana, las elecciones de mitad de mandato que sirven a forma de consulta sobre la aprobación de la actual Administración, altos cargos del Departamento de Justicia han puesto sobre la mesa la posibilidad de nombrar a un fiscal especial de cara al futuro, especialmente en relación con dos de las investigaciones federales que el magnate neoyorquino tiene abiertas en su contra.

Dicho fiscal tendrá que abordar, especialmente, si existe la posibilidad de que el expresidente sea finalmente imputado por alguna de las causas que permanecerán abiertas, según informaciones de la cadena de televisión CNN.

A medida que se acercan los comicios, los funcionarios del Departamento de Justicia han mantenido un perfil bajo de puertas para afuera, si bien los investigadores han estado emitiendo citaciones en un intento por recabar testimonios en relación con las pesquisas sobre los esfuerzos de Trump para socavar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 y la gestión de información y documentos secretos por parte del que fuera inquilino de la Casa Blanca una vez dejó el cargo.

Los investigadores tienen previsto aumentar sus actividades una vez finalicen las ‘midterm’, lo que podría llevar a la imputación de socios y antiguos asesores del expresidente estadounidense, una cuestión que podría complicarse si finalmente Trump confirma que se presentará nuevamente como candidato para las presidenciales.

Cerco legal al ex presidente

La presión legal sobre Trump se ha incrementado recientemente, especialmente a raíz de un registro llevado a cabo por la Policía Federal (FBI) contra su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, por la presunta extracción de documentos clasificados de la Casa Blanca una vez que el magnate abandonó la presidencia.

El mero hecho de que las autoridades federales decidieran llevar a cabo dichas acciones en su residencia revelan hasta que punto Trump está ahora bajo el punto de mira de la Justicia a medida que estudia presentando nuevamente a las elecciones. Tanto él como su familia insisten en que estas investigaciones no son sino una muestra más de una visión parcial y vengativa que busca dejarlo fuera de la carrera electoral.

Sobre Trump pesan varias pesquisas en relación con los resultados de las últimas elecciones presidenciales: el Departamento de Justicia investiga sus intentos por revertir la ratificación de los votos que dieron la victoria a Joe Biden, mientras la Cámara de Representantes sigue tratando de discernir su responsabilidad en el asalto al Capitolio en un intento por estabilizar en el poder.

Además, Trump y sus socios se enfrentan a cuestiones legales en el estado de Georgia, donde la Fiscalía estudia las presiones ejercidas para facilitar la certificación de resultados a favor del candidato republicano cuando en realidad Biden se había hecho con la victoria.

Trump podría convertirse así en el primer expresidente de la historia de Estados Unidos en ser imputado, y las autoridades prevén una tormenta política en caso de que se presenten cargos en su contra mientras es candidato activo a la Presidencia.

El exmandatario cuenta con un proceso de impuestos abiertos también en el estado de Nueva York, precisamente por sus prácticas empresariales y su negativa a presentar sus declaraciones de hasta la fecha. Estas pesquisas se centran en la idea de que Trump podría haber valorado sus propiedades siguiendo un patrón de fraude, inflando su valor para recibir préstamos o falseando información para hacerse con beneficios fiscales.