Los Servicios de Inteligencia alemanes califican a AfD como «grupo extremista»

Alternativa para Alemania (AfD), el principal partido de la oposición en el Parlamento alemán, es un «partido de extrema derecha». Así lo ha comunicado este viernes la Agencia Federal para la Protección de la Constitución (BfV) que con esta clasificación cruza un umbral que instaura un nuevo punto en la historia reciente de la extrema derecha parlamentaria en Alemania.

Con este dictamen, la AfD –hasta ahora clasificada como «caso sospechoso»–, es considerada por los servicios de inteligencia alemanes como una «organización probadamente extremista». La decisión, cargada de simbolismo y con posibles repercusiones políticas y jurídicas, se produce tras años de seguimiento intensivo y reabre ahora el debate sobre un posible procedimiento de ilegalización del partido.

La nueva clasificación se apoya en un informe de más de mil páginas elaborado por el propio BfV. El documento recopila elementos suficientes para afirmar que esta formación ultra actúa en contra del orden democrático libre y básico que rige en la República federal. Para los Servicios de Inteligencia, ya no se trata de meras sospechas: el partido se ha convertido en una estructura organizada que vulnera sistemáticamente los principios fundamentales del Estado de derecho, la dignidad humana y el sistema democrático. El camino hacia esta categorización ha sido progresivo, aunque previsible. En 2019, la AfD fue clasificada como «caso a revisar», lo que permitía a esta agencia analizar exclusivamente las declaraciones públicas de sus dirigentes. Poco después, en febrero de 2021, el partido fue elevado a la categoría de «caso sospechoso de extremismo», una decisión que abrió la puerta al uso de herramientas más intrusivas como la captación de informantes, análisis financieros o incluso, y bajo la autorización de la comisión parlamentaria correspondiente, de la vigilancia de comunicaciones.

Desde el primer momento, la formación ultraderechista recurrió a los tribunales para oponerse tanto a la observación como a su difusión pública. Sin embargo, tanto el Tribunal Administrativo de Colonia como el Tribunal Superior de Münster avalaron la legalidad de la medida. La nueva decisión del BfV, si bien no conlleva cambios en los instrumentos de vigilancia ya autorizados, da por concluido el período de duda y consolida una narrativa jurídica y política por la que la AfD ya no es un partido bajo sospecha, sino una amenaza confirmada al orden constitucional. Hasta ahora, varias fracciones regionales del partido –como las de Sajonia, Sajonia-Anhalt y Turingia– ya estaban consideradas como estructuras extremistas. Sin embargo, la designación de este viernes se extiende a toda la formación a nivel federal y aunque esta clasificación no implica automáticamente un procedimiento de ilegalización, sí representa una base reforzada para que el Bundestag pueda activar, en el futuro, un proceso ante el Tribunal Constitucional para valorar su prohibición. Hasta entonces, la formación podrá seguir presentándose a las elecciones y ocupando escaños parlamentarios.

La AfD, como era de esperar, ha rechazado la decisión del BfV, calificándola de maniobra política. Los líderes del partido, Alice Weidel y Tino Chrupalla, aseguraron que esta decisión supone un «duro golpe a la democracia alemana». La formación denuncia desde hace años una presunta instrumentalización del órgano de inteligencia por parte de las élites políticas tradicionales y asegura que el aumento de su popularidad explica el endurecimiento de las medidas en su contra.

«La intervención asociada y selectiva en el proceso democrático de toma de decisiones tiene una clara motivación política», aseguró Weidel en una comparecencia. La formación ultra no se quedará de brazos cruzados y, como ya ocurrió con su anterior clasificación como «caso sospechoso», ha anunciado que recurrirá a los tribunales. Todo apunta a un largo pulso legal que podría volver a escalar hasta el Tribunal constitucional alemán.

La decisión del BfV llega en un momento especialmente delicado. La legislatura se inicia en un contexto de fragmentación parlamentaria, aumento de la tensión social y el avance de los discursos polarizantes. El propio Friedrich Merz, que jurará su cargo como canciller el próximo martes, ya ha anunciado una política firme en materia de orden público, migración y cohesión social. La Unión conservadora ha hecho de la lucha contra el extremismo uno de los pilares de su discurso, pero ha evitado apoyar explícitamente una ilegalización de la AfD.