«Burkini», cuestión de Estado

La polémica sobre la prenda marca el inicio de un curso político decisivo en Francia que anticipa las presidenciales.

En la barra de la «brasserie», en los corrillos políticos o en las redes sociales. Casi nadie en Francia puede esquivar la gran controversia del verano, la del «burkini», que amenaza con instalarse en el centro del debate político en un momento decisivo para los grandes partidos, que celebrarán elecciones primarias en los próximos meses para elegir sus candidatos a los comicios presidenciales de primavera en 2017.

El penúltimo episodio de esta alargada controversia lo han protagonizado varios de los 30 alcaldes que promulgaron decretos contra la vestimenta islámica en sus playas y que por ahora pretenden negarse a aplicar la sentencia del Consejo de Estado francés, la más alta autoridad administrativa del país, que el viernes anulaba la prohibición decretada por el ayuntamiento en la localidad de Villeneuve-Loubet, creando jurisprudencia para otros casos, al considerar que la medida no está justificada por ningún riesgo ni amenaza a la seguridad. La decisión de la corte francesa se hizo pública tras el estudio de un recurso presentado por la Liga de Derechos Humanos, una de las principales ONG del país, y por el Comité Contra la Islamofobia en Francia.

Una de esas alcaldías «rebeldes» es la de Fréjus, en la Costa Azul, cuyo primer edil, el ultraderechista David Rachline ha declarado a LA RAZÓN que la decisión de la Justicia francesa es «una debilidad frente al avance del islamismo radical» y aboga por prohibir los signos religiosos en el conjunto de los espacios públicos, y no sólo en los centros educativos. En Fréjus, al igual que en muchos de los 30 municipios que han declarado la guerra al «burkini», la prohibición se mantendrá hasta bien entrado el mes de septiembre. La mayoría de estos alcaldes consideran probable la llegada de recursos para que se aplique la sentencia dictada por el Consejo de Estado, pero la dilatación de los tiempos judiciales permitirá prolongar los vetos hasta que las playas queden vacías.

Marwan Muhammad, líder del Colectivo contra la Islamofobia en Francia, grupo que se opone a la prohibición, ha mostrado su preocupación porque algunos municipios tensen la situación aún más no aceptando directamente la sentencia. «Siguiendo la lógica, los alcaldes deberían anular sus prohibiciones y adaptarse a esta decisión», afirma Muhammad. «A menos que quieran correr contra el reloj e ir ante la Justicia sabiendo que sus ordenanzas dejan de aplicarse el 31 de agosto y que los tribunales pueden actuar».

Los opositores a la medida de prohibición creen que se aplica de manera discriminatoria a los musulmanes y que responde a demandas populistas en un contexto de virulencia terrorista en Francia. Desde que el pasado 28 de julio la localidad turística de Villeneuve-Loubet, cercana a Niza, fuera la primera en establecer el veto a riesgo de multas de 38 euros, varios alcaldes se fueron sumando a la lista, en su mayoría de derechas, pero también socialista en algún caso, como el de la localidad córcega de Sisco. En la práctica, sólo en cuatro de la treintena de localidades francesas que se han sumado al veto se han aplicado multas de 38 euros, y la mayoría de esas sanciones han tenido lugar en Cannes, según un último recuento elaborado por el diario «Le Monde».

Muchas de las localidades que engrosaron la lista lo hicieron alegando solidaridad municipal, más que por verdaderos casos detectados, al considerar que el Estado había dejado a su suerte a los municipios frente a las críticas internas y externas a Francia. El apoyo más importante les llegó de la mano del primer ministro, Manuel Valls, quien sin embargo dejó clara su voluntad de no legislar al respecto. La posición de Valls no es ni mucho menos unánime dentro del Gobierno y ha puesto de relieve fisuras entre miembros destacados del gabinete.

En la derecha las posiciones son más nítidas. El «burkini» ha marcado el retorno a la arena política de Nicolas Sarkozy, ex presidente y candidato de Los Republicanos a la nominación para concurrir a las presidenciales de 2017. Sarkozy ha propuesto una ley «que prohíba cualquier signo religioso en la escuela pero también en la universidad, la Administración y en las empresas», en clara apuesta para ganar adeptos en un terreno donde el Frente Nacional se maneja con comodidad y se mantiene sólido en los sondeos. La propia formación de Marine Le Pen ha manifestado en un comunicado que «la pelota está ahora en el campo de los legisladores».

Con el 64% de los franceses declarándose contrario al uso del «burkini» en sus playas, según un sondeo aparecido esta semana en «Le Figaro», la polémica ha vuelto a encender el tema predilecto de Sarkozy para hacer campaña, el de la identidad nacional. Y ya de paso, ha vuelto a pillar al Gobierno enredado, por mucho que Valls se esfuerce durante este fin de semana en subrayar la importancia de generar un debate de argumentos como el que ha arrastrado Francia todo este verano. Por su parte, el gran rival de Sarkozy en la derecha, Alain Juppé, aprovecha el discurso encendido de éste para hacer todo lo contrario. En el lanzamiento de su campaña a las primarias de Los Republicanos, llamó la atención que Juppé no hiciera mención al «burkini», apostando por menos prohibiciones y castigos y más por incrementar los medios de las Fuerzas de Seguridad y los servicios de Inteligencia contra el yihadismo. Lo que ningún analista ni sociólogo ya duda es que el lugar del islam en la sociedad francesa será tema primordial en la carrera al Elíseo la próxima primavera.