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China acusa al ex presidente de Interpol de «cobrar sobornos»

La feroz campaña contra la corrupción de Xi

El chino Meng Hongwei, el hasta ahora presidente de Interpol, en una imagen de archivo / Ap
El chino Meng Hongwei, el hasta ahora presidente de Interpol, en una imagen de archivo / Aplarazon

La feroz campaña contra la corrupción de Xi.

Aceptar sobornos y violar la ley. Estasson las acusaciones que pesan enChina sobre el ya expresidente de Interpol, Meng Hongwei. El que fuera el mayor representante de esta organización policial internacional permaneció en paradero desconocido durante una semana y no fue hasta que su mujer denunció el pasado viernes su desaparición cuando se fijaron los ojos en China, país al que había viajado y que el domingo a última hora reconoció su detención.

Como si de una trama por capítulos se tratara, ese mismo día, el órgano de cooperación policial informó de que había recibido la carta de dimisión de Meng, un gesto que confirmaba su paradero y dejaba entrever las intenciones de las autoridades comunistas de retenerlo -por ahora- de manera indefinida. Ayer, el Ministerio de Seguridad Pública justificaba en un comunicado que “la investigación contra Meng Hongwei aceptando sobornos y violando supuestamente la ley es muy oportuna, absolutamente correcta y bastante sensata”. Además, indicaron que su caso podría traspasar los delitos de corrupción e irse al campo de la política. “Su insistencia en hacer las cosas a su manera significa que solo debe culparse a sí mismo por encontrarse bajo investigación”.

Por esa razón, los analistas consideran que la detención del que fue viceministro chino de Seguridad Pública se enmarca dentro de la campaña contra la corrupción que abandera el presidente Xi Jinping desde que llegóal poder y que, según los críticos, emplea para librarse de adversarios políticos. Conocida como la lucha contra “tigres y moscas”, ha castigado ya a más de millón y medio de funcionarios y, entre ellos, al antiguo ministro de Seguridad Pública y jefe directo de Meng, Zhou Yongkang, que fue condenado a cadena perpetua en 2015. Ahora, con elcaso de Meng se ha vuelto a poner de manifiesto la importancia y el alcance de la Comisión Nacional de Supervisión, el órgano que se creópara encargarse de estos asuntos y que puede retenerlo durante seis meses en un lugar secreto y sin comunicación con el exterior mientras se lleva a cabo la investigación.

Es esa opacidad de China la que hizo saltar anteayer las lágrimas de la mujer de Meng que, conocedora de la impunidad de su país de origena la hora de llevar cabo detenciones extrajudiciales y de las últimamente tan comunes confesiones televisadas -y obligadas-, dijo temer por la vida de su marido. La investigación “demuestra que no hay privilegios ni excepciones frente a la ley, y cualquiera que la viole debe ser gravemente castigado”, rezaba un textoque elogiaba la lealtad al Gobierno deXi Jinping y al Partido Comunista de una nación que no teme a los escándalos internacionales y se atreve a detener al presidente de Interpol sin dar explicaciones.

La naturaleza de los cargos o si cuenta con un abogado son incógnitas que solo el tiempo -con el permiso de las autoridades chinas- dirá. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lu Kang, indicó ayer en rueda de prensa que “como país responsable, China seguirá apoyando la cooperación internacional y la lucha contra la delincuencia”, aunque no especificó si en un futuro Pekín propondrá algún nombre para encabezar Interpol u otros organismos internacionales.

Si bien hace un año, Meng observaba cómo el presidente de su país aseguraba antela asamblea general de Interpol en Pekín que China desempeñaría un papel cada vez más importante en la aplicación de la ley mundial, ahora permanece silenciado. Sin noticias suyas, a excepción de dos mensajes a su mujer que hicieron saltar las alarmas, Meng es la víctima ahora de un opaco y altamente politizado sistema legal que, según los críticos, debería haber servido para descalificarlo y no poder ser designado presidente de Interpol, un cargo que fue visto con recelo por las organizaciones internacionales temerosas de que fuera utilizado para perseguir a disidentes de gobierno de Xi Jinping.