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Condenados dos periodistas a siete años por investigar el asesinato de rohinyás

Los dos reporteros de la agencia Reuters fueron acusados por un tribunal de revelar secretos oficiales.

  • El periodista birmano Kyaw Soe Oo habla ayer con la Prensa mientras es escoltado por la Policía en el tribunal de Rangún
    El periodista birmano Kyaw Soe Oo habla ayer con la Prensa mientras es escoltado por la Policía en el tribunal de Rangún
Hong Kong.

Tiempo de lectura 4 min.

04 de septiembre de 2018. 01:16h

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Victoria Pascual.  Hong Kong. 4/9/2018

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Ni las manifestaciones en el interior del país ni la intervención de los organismos internacionales han servido para detener la sentencia por la que un tribunal de Birmania condenó ayer a siete años de prisión a dos periodistas birmanos por su investigación de uno de los tantos episodios de abusos que la comunidad Rohingyá –minoría musulmana del país– está sufriendo desde el pasado verano. El fallo dejó entre lamentos a los familiares de los condenados, al tiempo que puso de manifiesto el pésimo estado de la libertad de expresión en una nación acusada de llevar a cabo una limpieza étnica sobre su propia población.

«No tengo miedo. No he hecho nada mal. Creo en la Justicia, la democracia y la libertad», declaró Wa Lone tras conocer un veredicto que le acusaba, junto a Kyaw Soe Oo, de violar la Ley de Secretos de Estado. Su caso está relacionado con la cobertura de la matanza de diez hombres rohingya ocurrida el pasado septiembre en la aldea de Inn Din, localidad del Estado de Rajine de donde proceden la mayoría de miembros de dicha comunidad. De aquel episodio se conoce que ocho de los jóvenes murieron por disparos del Tatmadaw –el Ejército birmano– y los dos restantes fallecieron acuchillados por vecinos budistas. Dos meses después de ser enterrados en una fosa común, los otros 6.000 residentes desaparecieron en circunstancias calificadas a posteriori por la ONU de genocidio.

Desde agosto de 2017, del millón aproximado de personas que vivían en esa región, han muerto unas 10.000 y otras 700.000 han huido a la vecina Bangladés, donde se hacinan en campos de refugiados sin esperanza de volver a una tierras que, según imágenes mostradas por satélite, han sido arrasadas intencionadamente. Sin embargo, lo que llama la atención sobre este caso son las circunstancias en las que fueron arrestados y la acusación, al parecer amañada por los propios militares.

Según testificaron en el juicio los dos reporteros de la agencia Reuters, el pasado mes de diciembre fueron invitados por la Policía a cenar en un restaurante de Rangún. Allí los oficiales les entregaron unos papeles relativos a la matanza para momentos después de recibirlos, ser detenidos por otros agentes y acusarles de «obtener ilegalmente y poseer» documentos secretos. Desde entonces, han permanecido arrestados e incomunicados y sus abogados no han dejado de defender su inocencia alegando que aquel encuentro fue una «trampa» para detenerles. Así lo llegó a confirmar el capitán de la Policía birmana, Moe Yan Naing, quien el pasado abril testificó que un superior les había dado la orden de ofrecer esos documentos a los reporteros con el fin de arrestarlos.

No obstante, su testimonio no ha servido para modificar un fallo que ahora podrá ser apelado ante el tribunal de la de la división de Rangún, y, en última instancia, ante la corte suprema. A la espera de ver si esto es así, lHuman Rights Watch denunció una sentencia que supone un «mazazo contra la libertad de prensa en Myanmar, que da muestra del miedo que el Ejército y el Gobierno sienten por el periodismo crítico y de investigación, pilares de una democracia real». A la organización se le han sumado muchas voces críticas contra un proceso en el que, una vez más, ha puesto de manifiesto la postura de la Nobel de la Paz y presidenta del país, Aung San Suu Kyi. Como ya denunció Naciones Unidas en un reciente informe, la dama birmana tampoco utilizó «su cargo ni su autoridad moral para frenar o prevenir lo ocurrido en Rajine, y contribuyó con ello a la comisión de los crímenes». La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, calificó de «parodia» el juicio al que fueron sometidos los reporteros, que en su opinión difundieron una información «de interés público» y exigió su liberación.

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