Las feministas del PSOE dan la espalda a Ana Redondo

Ana Redondo llegó al frente del Ministerio de Igualdad con el objetivo (y la orden) de calmar las aguas entre las distintas corrientes del debate feminista. Su antecesora, Irene Montero, había generado demasiada agitación y cisma y Pedro Sánchez vio en la vallisoletana, entonces una práctica desconocida para el público general, una oportunidad para rebajar los decibelios. Inicialmente, las feministas del PSOE le dieron un voto de confianza a la espera de ver qué hacía con sus responsabilidades. Pero el ecuador de la legislatura ya ha pasado, las polémicas se solapan y esa confianza ha transmutado a desdén.

Esta semana Redondo ha acaparado parte del foco mediático, muy a su pesar, por varios motivos. El más grave, que se ha conocido que el año pasado hubo un fallo informático en las pulseras que llevan algunos agresores machistas, lo que provocó "una gran cantidad" de absoluciones y sobreseimientos, según reconoce la Fiscalía General del Estado. Esto ha generado indignación entre las feministas del PSOE y algunas voces incluso piden la dimisión de la ministra.

Es el caso de Altamira Gonzalo, jurista, vicepresidenta de la asociación Feministas Socialistas (Femes) y expresidenta del Consejo Asesor de Igualdad del PSOE. "Hay que asumir responsabilidades políticas", dice Gonzalo en conversación con LA RAZÓN, apuntando directamente a Redondo, aunque asegura que habla en nombre propio.

El sistema informático -Cometa se llama- estaba en manos de Telefónica, que lo subcontrató a Securitas Direct hasta 2023. El Gobierno cambió de proveedor y adjudicó dicho servicio a una unión temporal de empresas formada por Vodafone y Securitas. Durante la migración de los datos de un sistema a otro, se perdió el acceso a la información anterior a marzo de 2024. Es decir, que si un agresor había vulnerado la orden de alejamiento, no se podía usar como prueba en un juicio. Aunque todavía no se han dado los datos exactos, Igualdad ha intentado minimizar el problema, asegurando que sólo ha afectado al 1% de los casos y acusando a la Fiscalía de generar alarma.

"No hay que restarle importancia. Es la prueba reina y con que hubiera pasado en un solo caso ya es bastante", opina Gonzalo. "Nosotras pedimos a las mujeres que denuncien y, si lo hacen, este tipo de situaciones no se pueden dar. Es algo muy serio y hay que asumir responsabilidades políticas. Se trata de una situación de dejación de funciones, de desamparo institucional", añade.

"No se están estudiando nuevas formas de vigilancia para las mujeres víctimas. Se va a lo mínimo, sacando a concurso un servicio que tendría que darse por personal especializado y que haga seguimiento de cada uno de los casos, acompañando a la Policía y a los Servicios Sociales", indica otra versada voz feminista del PSOE, pero que prefiere mantenerse en el anonimato.

También comparte que habría que asumir responsabilidades Ángeles Álvarez, exportavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso de los Diputados y presidenta de Alianza Contra el Borrado, aunque ella las centra sobre la antecesora de Redondo. Denuncia que fue Irene Montero la que estableció el criterio del "bajo precio" como elemento a tener en cuenta en la contratación pública y que, en el caso de Igualdad, no debería aplicarse. "Esta circunstancia operará en el beneficio de los maltratadores, como en su día los errores de la ley del sólo sí es sí", añade. "A Redondo le toca arreglarlo para tranquilizar a las víctimas y ser perfectamente trasparente a la hora de explicar qué cosas se han hecho para corregir los errores", apuntala.

Álvarez prefiere dar cierto margen a la ministra. Sin embargo, no es una actitud que se encuentre demasiado extendida en los sectores feministas del partido. Al menos en el sector de ese llamado feminismo clásico, el que capitanea Carmen Calvo, donde empiezan a ver ya signos de desgaste con banderas fundamentales para el PSOE, como la del abolicionismo.

Prácticamente a la vez que estallaba la polémica de las pulseras, el jueves, Ana Redondo aseguraba en una entrevista que la ley para abolir la prostitución iría al Consejo de Ministros antes de que acabe este año. Se trata de una norma que desempolvó tras el escándalo de José Luis Ábalos y Koldo García repartiéndose prostitutas como si fueran cromos y para la que no tiene los apoyos que necesitaría en el Congreso.

Fuentes de este grupo de feministas clásicas reconocen a este diario que no se fían de sus acciones y lo ven como un movimiento estético, casi a la desesperada, para intentar retener el voto femenino al PSOE. "No nos creemos nada. No va a salir la ley porque no tiene el apoyo de los socios y el PP, que podría estar de acuerdo, tiene otra ley en el cajón preparada para cuando ellos gobiernen", reconoce una de estas personas, que ha pedido permanecer en el anonimato.

En abril de este año, Redondo ya enfrió la posibilidad de presentar una ley abolicionista después del varapalo que sufrió en el Congreso, el año pasado, la ley contra el proxenetismo. Pero entonces salió el informe de la UCO de Santos Cerdán, en el que el discurso feminista del PSOE quedaba en entredicho, y en junio la ministra anunció que la ley abolicionista iría al Consejo de Ministros en septiembre. Ahora que ha llegado septiembre, la fecha se ha pospuesto a "antes de 2026".

Parte del sector feminista del partido ya desconfía de Redondo por completo y se teme que no va a ser una ley abolicionista de verdad, sino que va a ir a "lo mínimo" a trasponer directivas de la Unión Europea. "No se está pensando en las consecuencias para el día después de las mujeres prostituidas, sino en cumplir lo mínimo que dice Europa", comentan. Es una crítica idéntica a la que le hicieron con la ley contra el proxenetismo partidos de toda índole, que no estaba pensando en las mujeres. Para una ministra de Igualdad, no es una acusación pequeña.

Aunque el texto todavía no está disponible, fuerzas como Podemos ya han corrido a posicionarse en contra de la norma. Su secretario de Organización, Pablo Fernández, calificó de "trampantojo" el anuncio de Redondo en julio y recordó que hay varios partidos que no compran el posicionamiento del PSOE: el año pasado, votaron en contra de la ley Sumar, PP, ERC, Junts, Bildu y el PNV.

"Hay votos más que suficientes para sacar una medida así adelante", asegura Altamira Gonzalo, apuntando a un "pacto de Estado" entre socialistas y el PP. "Esta legislatura hemos visto, por otras cuestiones, que Sánchez sabe negociar y llegar a acuerdos. "Veremos claramente si el PSOE tiene voluntad de llegar a un pacto para la abolición", señala.