Cuarenta países del Consejo de Europa crean un registro de daños por la guerra de Ucrania

La cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa celebrada en Islandia ha concluido este miércoles con un acuerdo de 40 países, para la puesta en marcha de un registro que contabilice los daños ocasionados por Rusia tras la invasión de Ucrania. Aunque esto es tan sólo un primer paso y quedan aún muchas incógnitas por resolver, éste es el primer acuerdo paneuropeo que busca que los crímenes de guerra no queden impunes y se pueda proceder a la reparación de las víctimas cuando termine la contienda. La secretaria general del Consejo, Marija Pejcinovic Buric, calificó en un comunicado de "histórica" esta iniciativa.

Esta nuevo mecanismo estará situado en la Haya, la considerada capital legal del mundo, con una oficina satélite en Ucrania que suministrará información. El funcionamiento de este registro tendrá un periodo inicial de tres años y su principal propósito es documentar los daños y perdidas ocasionadas por las tropas de Vladimir Putin. En una fase posterior, se espera aprobar un nuevo instrumento que pueda incluir una comisión para recoger las quejas y un fondo de compensación que sea sufragado por Rusia.

Los 46 países que forman parte del Consejo de Europa se han reunido este martes y miércoles en Reikiavik, un año después de que Moscú fuera expulsado de este foro que no forma parte de las instituciones europeas y del que depende el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. A pesar de que el propósito de esta cumbre (la cuarta de estas características en sus casi 75 años de historia) era mostrar el apoyo sin fisuras frente a Ucrania, seis países miembros (Turquía, Hungría, Serbia, Armenia, Azerbaiyán y Bosnia) no se han sumado a esta iniciativa mientras Andorra, Bulgaria y San Marino han prometido hacerlo próximamente. Estados Unidos, Japón y Canadá van a participar como miembros observadores del Consejo de Europa. Budapest ha justificado su negativa en el trato dispensado por Ucrania a las minorías magiares.

Las cancillerías europeas llevan meses estudiando cómo reconstruir Ucrania cuando termine la guerra y cómo reparar a las víctimas. El problema no parece fácil de resolver. Aunque los países europeos y sus socios del G-7 han inmovilizado activos financieros y bienes de los oligarcas rusos, estos no pueden ser requisado y posteriormente vendidos si no se prueba que existe un vínculo entre su obtención y un delito, como por ejemplo, el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. La falta de armonización de los códigos penales europeos también complica esta tarea, ya que la congelación de activos debe efectuarla la correspondiente autoridad nacional.

Además, cuando las condiciones para esta inmovilización de los activos hayan desaparecido –el régimen de sanciones es temporal y los castigos van prorrogándose según las circunstancias- el dueño tiene el derecho de poder recuperarlos. Aparte de las propiedades congeladas a personalidades vinculadas con el Kremlin, los Veintisiete han conseguido también bloquear un total de 300.000 millones de euros en las reservas del Banco Central Ruso. A corto plazo, Bruselas estudia un plan para gestionar estos fondos líquidos e invertirlos en los mercados financieros. El rendimiento de estos 300.000 millones de euros puede utilizarse para un fondo de auxilio a Ucrania, aunque de momento se desconoce a cuánto podría ascender esta cifra y cuál va a ser el perfil de riesgo de las inversiones y, por lo tanto, de los beneficios alcanzados. Fuentes diplomáticas no descartan que en un futuro, Moscú pueda estar obligado a destinar estos 300.000 euros en reparaciones de guerra, tras unas hipotéticas negociaciones de paz.

En el aspecto penal también existen muchos flecos por completar. Ucrania ha denunciado a Rusia ante la Corte Penal Internacional (CPI) , con sede en la Haya, por más de 70.000 crímenes de guerra que dice haber documentado. Aunque esta corte internacional está investigado todas las acusaciones y Bruselas apoya estos esfuerzos, la Comisión Europea se ha comprometido a crear un tribunal internacional ad- hoc apoyado por Naciones Unidas, con el fin de que no haya ningún resquicio para la impunidad.

Los países bálticos han estado presionando para la puesta en marcha de una corte específica ya que consideran que el estatuto del CPI no es lo suficientemente claro para sancionar a los responsables últimos de dar las órdenes. De momento, el Ejecutivo comunitario está en contacto con otros socios internacionales para trabajar en la puesta en marcha de este nuevo tribunal. Ucrania ha pedida una corte similar a la que juzgó a los jerarcas nazis en Núremberg tras la II Guerra Mundial.