Cohabitación

Duda ahonda la crisis institucional en Polonia al indultar a dos políticos condenados

La primera manifestación de la oposición reúne a 35.000 personas contra Tusk en Varsovia

El presidente polaco, Andrzj Duda
El presidente polaco, Andrzj DudaEuropa Press

El presidente polaco, Andrzej Duda, lanzó este jueves un nuevo órdago al Gobierno de Donald Tusk con la renovación de su indulto a dos políticos encarcelados, mientras una manifestación organizada por la oposición conservadora en la capital protestó contra lo que califican de "anarquía" y "caos nacional".

En una alocución televisiva en directo, Duda anunció el "inicio de un proceso de indulto" para el exministro de Interior, Mariusz Kaminski, y su viceministro, Maciej Wasik, a quienes calificó de "los primeros presos políticos" de Polonia desde 1989, fecha en que llegó la democracia a Polonia.

Con el nuevo indulto, el presidente afín al ultraconservador partido Ley y Justicia (PiS) dijo aspirar a "evitar una escalada de los acontecimientos" y "calmar la tensión" reinante en el país.

Duda, que compareció junto a las esposas de los políticos, calificó la detención de Kaminski y Wasik, que se habían refugiado en el palacio presidencial, presumiblemente para evitar el arresto, de "amenaza a la Constitución".

El discurso del presidente se produjo minutos antes de que comenzase una manifestación convocada por la oposición conservadora en el centro de Varsovia, que según el ayuntamiento reunió a 35.000 personas y cuyo recorrido incluyó los tres escenarios de la crisis institucional a la que se enfrenta Polonia.

Uno de ellos fue el Parlamento, donde la coalición liderada por Tusk aprovechó su mayoría absoluta incluso antes de lograr formar gobierno hace un mes para comenzar a desactivar algunas de las medidas más polémicas del anterior Ejecutivo conservador, apoyado por Duda.

El palacio presidencial fue el escenario donde el propio Duda vio desafiado su poder el pasado martes, con la entrada de 16 policías para arrestar a dos políticos a los que él mismo había otorgado en 2015 un indulto por una condena por abuso de poder que el Tribunal Supremo no reconoce como válido.

El tercero de ellos es la televisión estatal, cuya liquidación ha puesto en marcha Tusk por considerarla una herramienta al servicio del anterior Ejecutivo; se trata de otro de los campos de batalla donde han chocado el nuevo Gobierno, que nombró a una nueva junta directiva, y los tribunales, que declararon ilegales esos nombramientos.

El resultado es que, tras solo cuatro semanas desde el relevo en el poder, no solo ha quedado claro que Duda y Tusk defienden políticas radicalmente distintas, sino también que ambos están dispuestos a emplear todos los medios a su disposición para obstaculizarse mutuamente.

Para el nuevo Ejecutivo, será muy complicado afrontar una legislativa con un presidente hostil, ya que es preceptiva la sanción presidencial para que las leyes aprobadas en el Parlamento sean efectivas.

Sacar adelante una de esas leyes, la de los presupuestos generales del Estado para 2024, se ha convertido en una perentoria necesidad para Tusk, ya que, de no estar aprobada antes de final de mes, Duda podría invocar el poder que le otorga la Constitución para convocar elecciones anticipadas.

Del mismo modo, Duda corre el riesgo de convertirse en una figura meramente política y percibida por los ciudadanos como un agente destructivo que imposibilita el gobierno del país y que erosione el prestigio de la institución presidencial.

Tras ocho años de Gobierno ultraconservador, con una enrevesada reforma judicial y una serie de maniobras políticas destinadas a mantener la influencia de sus acólitos en empresas y organismos públicos, los partidarios del PiS mantienen entretanto una amplia cuota de poder que les permite plantear una oposición combativa.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional, al que Duda puede remitir para su examen cualquier ley que considere cuestionable, ha probado en repetidas ocasiones que no tiene reparos en conflictos de difícil solución, como fue su sentencia que declaró ilegal el Tratado de Adhesión de Polonia a la Unión Europea.

La crisis institucional y legal que atraviesa Polonia corre el riesgo de agudizar un enfrentamiento social que ya existía en los últimos años y que, contrariamente a lo que esperaban millones de polacos, un cambio de Gobierno no ha podido solucionar por ahora.