El chavismo recurre a las artimañas en las regionales

Los sondeos anticipan una amplia victoria de la oposición a pesar de que el régimen les impide cambiar candidatos y unificar listas.

Las calles del barrio de Altamira en Caracas parecen tranquilas. Ya no hay barricadas ni estudiantes portando escudos de madera. Tampoco arden las trincheras de neumáticos y caucho. La normalidad volvió a las calles, una frágil tregua mientras se libra otra guerra no menos sucia, esta vez en las urnas. Aunque el chavismo ha mostrado sus cartas, todavía podría guardar un as en la manga. Parece difícil pensar que el régimen esté dispuesto a entregar, como anticipan las encuestas, la mayoría de las gobernaciones. Aunque el Gobierno necesita un baño de legitimidad que le devuelva a los ruedos internacionales, el Palacio de Miraflores no pagará un precio tan alto.

Por lo pronto de cara a los comicios del próximo domingo, la oposición denuncia que se ha legalizado un «delito electoral» para tratar de beneficiar al régimen chavista. El diputado Tomás Guanipa acusa al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de legalizar una irregularidad en la que, según ha dicho, incurrió el Poder Electoral al no permitir la sustitución de candidatos en las papeletas. Una pieza clave en este entramado, que incluye mucha letra pequeña y laberintos burocráticos que desembocan en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el Supremo, dos de los pilares en los que se sustenta el imperio chavista.

De nuevo hay grandes diferencias que buscan básicamente la abstención y la confusión. «Por un lado la oposición celebró unas primarias para saber cuál era el candidato más votado, puesto que no estaba permitido que la gente votara por la MUD, sino que tenía que hacerlo por partidos individuales. La estrategia era que en cada Estado, y una vez celebradas dichas primarias, los candidatos perdedores se retiraran y sólo dejarán al ganador como cabeza de lista en el resto de partidos. De esta manera todas las papeletas irían a la oposición, una vez más unida. Esto lo permite la ley mediante dos artículos: la modificación y la sustitución», explica el analista Anibal Sánchez. Sin embargo, el Supremo les ha dado la razón fuera de plazo. Afirma que, efectivamete, se aprueban dichas sustituciones, pero diez días antes de que se celebren los comicios. Su fallo se produce a tan sólo días de la votación, por lo que los rostros en las papeletas no se cambiarán y mucha gente confundida votará por candidatos que ya se han retirado. Esos votos se declararán nulos. Además, el CNE ha aprobado que cualquiera de las nueve papeletas de los partidos chavistas (frente a las cinco de la oposición) vayan al mismo saco: Gran Polo Patriótico. Sin embargo, a la oposición, no se le ha permitido está unificación.

La oposición deberá enseñar en tiempo récord y sin apenas medios a votar a sus simpatizantes de forma diferente en cada región, pues en las papeletas aparecerán los rostros de candidatos que en un primer momento aspiraron a gobernadores, pero renunciaron en favor de los que ganaron las primarias.

Además, a lo largo de la campaña, que se extenderá hasta el jueves, la oposición ha denunciado el ventajismo oficialista, entre otras razones, por la difusión diaria que ha brindado el canal estatal VTV a los actos proselitistas de sus candidatos. A la par, la oposición venezolana se enfrenta a la abstención, ya que después de las protestas que sacudieron a Venezuela entre abril y julio, los opositores se han desmovilizado y se encuentran contrariados con relación a su participación. Sin embargo, Sánchez se muestra optimista: «El nivel del participación suele rondar el 52-59%, pero las ultimas encuestas, como la de Venebarometro, dan una participación del 62%. Eso beneficia a la oposición». Son 23 las gobernaciones y el chavismo podria ganar tan sólo cinco u ocho. Actualmente, la oposición tiene tres. «Por eso el chavismo ha cerrado 7.000 centros electorales en bastiones opositores para fomentar la abstención», añade el analista político venezolano.

A esta hay que sumar otras triquiñuelas, como que la inhabilitación de partidos a través de la recogida de firmas y de candidatos celebrada hace meses. Para evitar posibles manipulaciones, la disidencia prepara un ejercito de 300.000 testigos y auditores. De nuevo la sombra del fraude se cierne sobre Venezuela.