Trump restablece la pena de muerte federal en Estados Unidos

El Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte en 1976, pero la suelen aplicar solo los estados más conservadores. Las primeras ejecuciones se llevarán a cabo entre diciembre y enero

Primero fue el tema migratorio, después el aborto y ahora la pena de muerte. Tres de los asuntos más controvertidos en EEUU, que la Administración Trump ha sacado a la luz en pocas semanas y que sin duda mantendrá a los votantes divididos a la hora de elegir presidente en las próximas elecciones de 2020. Y es que, tras dos décadas en las que no se se ha utilizado la pena de muerte, el Gobierno anuncia su intención de reactivarla a nivel federal.

Con el objetivo de “traer justicia a las víctimas de los crímenes más horribles”, el fiscal especial William Barr daba a conocer la medida en un comunicado de prensa. “El Departamento de Justicia respalda el estado de derecho y le debe a las víctimas y sus familias llevar adelante la sentencia impuesta por nuestro sistema de justicia”, anunció el fiscal.

Pena de muerte autorizada por el Congreso de EEUU “a través de la legislación adoptada por los representantes del pueblo en ambas cámaras del Congreso y firmada por el presidente”, expresó Barr en un comunicado. El Buró de la Oficina Federal de Prisiones (BOP, en inglés) recibió la orden de Barr este jueves de adoptar un Anexo al Protocolo de Ejecución Federal e incluso programar ya las próximas ejecuciones.

Cinco presos que se encuentran en el “corredor de la muerte”, condenados por asesinato, delitos de tortura y violación contra niños y ancianos, serán los primeros reclusos federales ejecutados. Tres de ellos en diciembre de este año y los otros dos en enero de 2020.

“El Departamento de Justicia ha buscado la pena de muerte contra los peores criminales, incluidos estos cinco asesinos, cada uno de los cuales fue condenado por un jurado tras un proceso completo y justo”, recalcó Barr. La aplicación de este castigo está limitado a varios delitos, divididos en tres categorías: homicidios, delitos de narcotráfico, y espionaje y traición.

Varios estados del país, como Georgia, Missouri y Texas ya cuentan con protocolos parecidos a los que incluye el Anexo del Protocolo de Ejecución Federal presentado, como la utilización de un solo fármaco para realizar las ejecuciones, pentobarbital, en lugar del triple procedimiento usado ineficientemente con drogas en penas de muerte anteriores.

Un total de 14 estados han usado el fármaco pentobarbital desde 2010 en más de 200 ejecuciones, y los tribunales federales del país, el Tribunal Supremo incluido, han confirmado el uso de esa droga en ejecuciones de conformidad con la Octava Enmienda. Enmienda de la Constitución que forma parte de la Carta de Derechos de EEUU y que prohíbe que el gobierno federal imponga fianzas excesivas o castigos inusuales o crueles.

El Tribunal Supremo restituyó la pena de muerte en 1976, lo que ha permitido a los estados más conservadores del sur del país, como Alabama y Misisipi, implementarla desde entonces. En 1988 fue el Congreso el que aprobó una ley que permitía ejecutar a personas condenadas por delitos de drogas. Pero, sin embargo, no se ha realizado ninguna ejecución federal en los últimos casi 20 años en EEUU.

Las ejecuciones no se practican a nivel federal desde el año 2003. En la actualidad, el Gobierno federal y el Ejército de EEUU autorizan la pena de muerte en 30 estados del país, mientras que otros 20 estados y el Distrito de Columbia no lo hacen, según el Centro de Información de la pena de muerte. Las últimas ejecuciones se realizaron en 2016 en California y en 2008 en Kentucky.

Esta polémica medida del Gobierno de Trump abre un nuevo debate nacional, con opiniones totalmente enfrentadas sobre un tema que mantiene dividida a la sociedad. Aunque todo apunta a que su implementación será un proceso marcado por el enfoque moral, más que político.