El Supremo británico anuncia hoy la sentencia del Brexit

Dictaminará si el Gobierno puede solicitar la salida de la UE sin consultar al Parlamento

El Gobierno de Theresa May se enfrenta hoy a la sentencia más importante desde el triunfo del Brexit. El Tribunal Supremo, máxima autoridad judicial del Reino Unido, dará a conocer su decisión sobre si el Ejecutivo tiene poder para solicitar oficialmente el divorcio con Bruselas o si, por el contrario, debe contar con la aprobación del Parlamento antes de comenzar unas negociaciones que se extenderían por los próximos dos años.

El pasado mes de noviembre, el Tribunal Superior de Londres dio la razón a un grupo de ciudadanos anónimos, encabezados por la empresaria Ginna Miller, quien solicitaba que se cumpliera la soberanía de Westminster. El Ejecutivo apeló entonces la sentencia, pero todo indica que los once magistrados del Supremo ratificarán la decisión del Superior.

En este caso, May estaría obligada a aprobar, por vía rápida, la legislación necesaria para solicitar el artículo 50 del Tratado de Lisboa. La líder tory insiste en que cumplirá su autoimpuesto calendario para iniciar los trámites a finales de marzo, pero la oposición laborista ya ha adelantado que, aunque no bloqueará el Brexit, sí presentará una serie de enmiendas para garantizar un mayor control de Westminster durante el proceso de divorcio.

Por su parte, un grupo formado por diputados de diferentes partidos -entre ellos 43 laboristas rebeldes y un puñado de tories europeístas- quieren aprovechar el más que previsible debate en la Cámara de los Comunes y los Lores para evitar a toda costa la salida del Reino Unido del mercado único, tal y como May anunció la semana pasada.

En cualquier caso, lo que realmente complicaría las cosas es si el Supremo dictamina que, aparte del debate en Westminster, los parlamentos de Edimburgo, Cardiff y Belfast también deben aprobar la legislación para comenzar las negociaciones con Bruselas. Mientras que los gobiernos descentralizados de Escocia, Gales e Irlanda del Norte no estuvieron presentes en el juicio celebrado en el Tribunal Superior, sí han estado representados en el proceso del Tribunal Supremo para garantizar que se cumpla la llamada “Convención de Sewel”, la misma que da marco legal a la relación entre el Ejecutivo central y los Gobiernos de las distintas regiones que forman Reino Unido.

Y en este sentido, la ministra principal escocesa, la nacionalista Nicola Sturgeon, ya ha amenazado varias veces con sacar de nuevo las urnas para celebrar otro referéndum de independencia, si los intereses de los escoceses se ven amenazados.

En cualquier caso, no es esta la única batalla legal a la que se enfrenta el Ejecutivo de May. Peter Wilding, responsable del reputado Think Tank British Influence y miembro del Partido Conservador, ha llevado al Gobierno a los juzgados para evitar la salida del mercado común basándose en el artículo 127 del Espacio Económico Europeo (EEE). La demanda ya está en el Tribunal Superior y la primera vista se espera a principios de febrero. Por su parte, el abogado Jolyon Maugham también ha interpuesto otra demanda sobre si la notificación del artículo 50 puede ser retirada por el Reino Unido una vez que se ha invocado.