Varapalo judicial a Boris Johnson

El Tribunal de Apelación de Escocia declaró este miércoles "ilegal"la decisión del primer ministro británico, Boris Johnson, de suspender el Parlamento del Reino Unido en el período previo a la salida del país de la UE

Las cosas cada vez se ponen más complicadas para Boris Johnson. Tras perder por completo el control en Westminster, la Justicia ahora también se interpone en su camino. El máximo Tribunal de Apelación de Escocia sentenció ayer que la decisión del primer ministro de suspender la actividad parlamentaria es «ilegal».

Más de 70 diputados y lores de distintos partidos habían presentado un recurso contra la derogación del Parlamento. A principios de mes, el Tribunal de Sesiones de Edimburgo dio la razón al responsable del Gobierno. Pero la parte demandante recurrió y los tres magistrados de la máxima autoridad judicial de Escocia dictaminaron ayer no sólo que la suspensión tenía «el objetivo inapropiado de obstaculizar» la tarea de los parlamentarios, sino que Johnson había engañado intencionadamente a Isabel II para conseguir en agosto su permiso, como jefa de Estado, para echar el cierre en uno de los momentos más críticos para la historia reciente del país. «Es un caso evidente de un fallo claro a la hora de cumplir con los estándares de comportamiento generalmente aceptados por parte de autoridades públicas», sostienen los magistrados en un extracto de la sentencia que precede a la plena publicación del texto, prevista para el viernes.

Un portavoz de Downing Street recalcó que el Gobierno está «decepcionado» y anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Supremo de Londres. «El Gobierno necesita presentar una contundente agenda legislativa. Suspender el Parlamento es la forma legal y necesaria de hacerlo», señaló el portavoz. La decisión de la corte escocesa, por lo tanto, no implica la reanudación de la actividad parlamentaria, pero supone un duro golpe para el primer ministro.

La cuestión queda ahora a expensas de lo que pueda decidir el Tribunal Supremo en una serie de vistas que comenzarán el próximo martes, y donde además se valorará el recurso interpuesto por la empresaria Gina Miller. La activista pro-UE –que en 2016 ganó un juicio que obligó a la entonces primera ministra Theresa May a pedir permiso al Parlamento antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa– presentó la semana pasada un recurso ante el Tribunal Superior de Londres, argumentando que la suspensión de Westminster constituía «un abuso de poder» por parte de Johnson. Esta corte desestimó la demanda, pero los jueces autorizaron a Miller a recurrir su fallo ante el Supremo. Por lo tanto, la máxima instancia judicial británica tiene ahora gran trabajo por delante.

Por si no fuera poco, hay otro caso abierto en el Tribunal de Belfast, tras la demanda presentada por el activista Raymond McCord, quien cuestiona la legalidad del cierre del Parlamento así como de una salida brusca de la UE, que, arguye, perjudicaría el proceso de paz norirlandés al desestabilizar la economía y las fronteras en la isla de Irlanda. En definitiva, una compleja maraña legal que pone a Johnson contra las cuerdas.

Tras el fallo del Tribunal de Apelación de Escocia, el que fuera fiscal general del Estado, Dominic Grieve, recalcó que el primer ministro debía presentar su dimisión. «El hecho de que los jueces hayan considerado que engañó a la reina para lograr su propósito es un asunto muy serio», matizó el ex «tory» rebelde, que la semana pasada fue expulsado del Partido Conservador al votar contra el Gobierno y ahora es diputado independiente. El «premier» considera que es un «completo sinsentido» que se le pueda tachar de «antidemocrático» por haber derogado la actividad parlamentaria en medio de la crisis institucional más importante para la historia reciente del Reino Unido.

Tras una intensa sesión que se alargó hasta altas horas de la madrugada del martes, Westminster echó el cierre y sus señorías, en principio, no volverán a ocupar sus asientos hasta el próximo 14 de octubre, tan sólo días antes de que tenga lugar la cumbre europea clave del 17-18.

El pasado mes de agosto, el líder tory logró la aprobación de Isabel II –que no puede poner en peligro su neutralidad– para cancelar la actividad de las dos Cámaras. El primer ministro puede concluir un periodo de sesiones y dejar unos días para iniciar el siguiente con el llamado Discurso de la reina, donde la monarca lee el texto redactado por el Ejecutivo para fijar las prioridades de la próxima sesión. En cualquier caso, no se había visto una suspensión tan prolongada desde el año 1945, por lo que, está claro, que la decisión era una táctica diseñada para dejar a los diputados sin capacidad de maniobra en estos días claves antes del 31 de octubre, cuando Reino Unido debe abandonar el bloque europeo.

En señal de protesta, alrededor de 30 diputados de varias formaciones acudieron ayer hasta Westminster y con fotografías de las puertas cerradas denunciaron en redes sociales que el Gobierno no les estaba permitiendo realizar su trabajo. Todos los otoños, el Parlamento cierra aproximadamente tres semanas mientras que los partidos políticos celebran sus congresos anuales. Pero, debido a la excepcionalidad de las circunstancias, en caso de que finalmente los tribunales dictaminen que debe reanudarse la actividad, sus señorías podrían prescindir del receso otoñal para seguir, como hasta ahora, impidiendo que el Ejecutivo tenga vía libre para ejecutar el temido divorcio caótico.