La pesca ilegal en África Occidental, así como las prácticas de pesca abusivas, son un patrón conocido en el litoral. Las capturas anuales registradas rondan sólo en Senegal entre las 450.000 y las 550.000 toneladas, esto sin añadir importantes cantidades que no entran en los registros como resultado de la pesca ilegal. España, Francia y China pueden considerarse tres de las naciones con una mayor presencia pesquera en las costas de Senegal y de Guinea Bissau, mientras que es España, precisamente, quien se encuentra hoy en el punto de mira en relación con las malas prácticas pesqueras en el litoral africano.

En resumen, dos oenegés medioambientales, ClientEarth y Oceana, presentaron esta semana en Madrid una demanda conjunta contra el gobierno español. Ambas organizaciones acusan de fallos a la hora de investigar o de sancionar a barcos con bandera española que son sospechosos de practicar la pesca ilegal en los dos países africanos que menciona el párrafo anterior. Señalan que dichas embarcaciones apagaron en reiteradas ocasiones sus sistemas de seguimiento, conocidos como Sistemas Automáticos de Identificación (AIS), que son obligatorios para cualquier embarcación con más de 15 metros de eslora.

Según las investigaciones de Global Fishing Watch, un buque español llegó a apagar su AIS durante más de un año entre 2020 y 2023. En un comunicado emitido por ClientEarth, la organización señala que “los buques de propiedad extranjera, incluidos los españoles, constituyen un 73 % de la flota industrial en África Occidental – y existe la preocupación de que la falta de control en el mar y en los puertos permita la pesca ilegal”.

Por otro lado, Nils Courcy, abogado de la ONG, indicó que “lo que nos desconcierta es por qué estos barcos apagan sus señales de identificación pública, oscureciendo durante períodos tan largos. Esta falta de transparencia podría estar relacionada con el fraude. Hemos pedido a las autoridades españolas que investiguen más a fondo estos buques, pero se han negado a hacerlo”. Según parece, el gobierno español carece de jurisdicción para investigar y sancionar a los ciudadanos y empresas españolas potencialmente involucradas en la pesca ilegal fuera de las aguas de la UE, a menos que queden inscritos en las listas de buques pesqueros ilegales. Esto genera una laguna legal que beneficia a quienes practican la pesca ilegal.

Ignacio Fresco Vanzini, asesor sénior de políticas de Oceana, especificó, sin embargo, que “la legislación de la UE prohíbe explícitamente a sus ciudadanos y empresas participar o apoyar la pesca ilegal en cualquier parte del mundo. De hacerlo, los Estados miembros deben identificarlos y sancionarlos, independientemente de si estos buques figuran en listas negras oficiales. La legislación española debe subsanar las lagunas existentes para garantizar que las empresas que se benefician de la pesca ilegal en otras partes del mundo puedan rendir cuentas”. La demanda presentada, en definitiva, se debe a las reiteradas reticencias del gobierno español a la hora de abrir una investigación sobre la desconexión de los sistemas AIS.

Oceana y ClientEarth ya demandaron al gobierno español en 2024 por permitir la pesca de arrastre en zonas marinas protegidas, concretamente en el Cantábrico, el golfo de Cádiz y el Mediterráneo. En este caso, “además, también es una amenaza para la sostenibilidad del sector pesquero a largo plazo debido a que estas áreas son importantes zonas de cría y reproducción de muchas especies comerciales”.

Debe reconocerse que la cuestión pesquera en África Occidental es objeto de importantes debates y viene vinculada, entre otros aspectos, a la inmigración ilegal que pone rumbo a las Islas Canarias. El 17% de la población senegalesa vive del sector pesquero y los acuerdos en materia pesquera entre el país africano y la UE han sido criticados en repetidas ocasiones por las dificultades que acarrean a las poblaciones locales a la hora de competir con sistemas más desarrollados. China es otro agente estrechamente vinculado a las prácticas pesqueras ilegales, aunque su modus operandi difiere del europeo en la medida en que son compañías locales establecidas con capital chino las que ejercitan estas dinámicas.

Acuerdos con Senegal y Guinea Bissau

La sardina, la dorada, la merluza, el pez merlín y la sepia son algunas de las especies más codiciadas en la zona, aunque el atún es el principal objetivo de los buques pesqueros. El acuerdo de pesca entre la UE y el país africano firmado en noviembre de 2019 daba permiso a 28 atuneros cerqueros congeladores, diez cañeros y cinco palangreros de España, Portugal y Francia a faenar en aguas senegalesas por el pago de 1.7 millones de euros anuales. Los barcos podían pescar, según el tratado, un total de 14.000 toneladas de pescado al año, donde 10.000 toneladas corresponderían al atún. Sin embargo, dicho acuerdo concluyó en noviembre de 2024, después de que el gobierno senegalés, que ha sido muy combativo en este ámbito, presionara para que la UE terminara con el acuerdo. El futuro de los pesqueros europeos en las costas senegalesas llegó así a un alto con importantes incógnitas sobre el futuro, aunque continúan las actividades en aguas bisauguineanas.

Es más: a principios de abril, el Parlamento Europeo aprobó el acuerdo pesquero actualizado con Guinea Bissau, que permite el acceso de 41 buques de la UE a las aguas del país durante cinco años. El nuevo protocolo permite a 28 atuneros cerqueros congeladores, palangreros de superficie y 13 atuneros cañeros de España, Francia, Italia, Grecia y Portugal operar en aguas de Guinea Bissau. Los pescadores europeos podrán capturar hasta 3.500 toneladas de registro bruto de cefalópodos y 3.700 TRB de camarón anualmente hasta 2029. El precio a pagar a Guinea Bissau rondará los 85 millones de euros en los cinco años que durará el acuerdo, a los que habría que añadir en torno a 15 millones desembolsados por los armadores; aunque el beneficio bruto de las pescas, considerando a la baja el precio medio de lonja de cefalópodos y camarón, superará los 320 millones de euros.

En la votación que se produjo en el Parlamento Europeo, algunos eurodiputados expresaron su preocupación por el creciente reconocimiento de Guinea-Bissau como un país con pabellón de conveniencia, y señalaron que la falta de transparencia en cuanto a la propiedad de los buques obstaculiza la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Un temor que, de ser ciertas las acusaciones de Oceana y ClientEarth, no sería del todo infundado.