Reino Unido rebaja a 16 años la edad legal para votar

El gobierno laborista de Keir Starmer ha llevado a cabo uno de los mayores cambios en el sistema democrático del Reino Unido en su historia reciente al anunciar que la edad para votar se reducirá a los 16 años de cara a las próximas elecciones generales previstas para 2029. Escocia y Gales ya habían implementado el cambio para elegir a los representantes de los parlamentos regionales Holyrood y Senedd, así como para las elecciones municipales, pero esta nueva medida significa que, por primera vez, los jóvenes de 16 años tendrán voz y voto en la elección del inquilino de Downing Street.

Se trata del mayor cambio introducido en la ley electoral desde 1969 (cuando se rebajó la edad de 21 a 18 años). Era una promesa del manifiesto laborista y ahora Starmer la lleva adelante. El ejecutivo defendió ayer que se trata de una reforma para lograr una mayor equidad para los jóvenes de 16 y 17 años, muchos de los cuales ya trabajan y pueden servir en el ejército. Pero los críticos consideran que es una medida populista para beneficiar el voto de la izquierda, dado que históricamente los jóvenes han apoyado a los laboristas.

El Ejecutivo defiende que quiere "modernizar la democracia", aumentando la participación, y "activar" un sistema político amenazado por la apatía. En el Reino Unido, donde no existe un carné de identidad unificado, unas 750.000 personas se quedaron sin votar en los pasados comicios del 4 de julio de 2024 por no contar con identificación apropiada, según la Comisión Electoral.

"En los últimos tiempos, la confianza pública en nuestra democracia se ha visto dañada y se ha permitido que la fe en nuestras instituciones decaiga", afirmó la viceprimera ministra, Angela Rayner. "Estamos tomando medidas para derribar las barreras a la participación".

La Estrategia Electoral presentada por el premier contempla también automatizar el registro en el censo y ampliar el tipo de identificación personal permitida a los votantes, que incluirá las tarjetas bancarias emitidas en el país.

Asimismo, los planes también proponen un endurecimiento de las normas sobre financiación de campañas, para evitar la injerencia de intereses extranjeros, con multas de hasta medio millón de libras (580.000 millones de euros) para los infractores. Aunque las nuevas normas no imponen límites a las donaciones políticas.

Por su parte, los partidos políticos deberán evaluar a las empresas de las que reciben donaciones mediante una serie de pruebas que demuestren su conexión con el Reino Unido o Irlanda. Las empresas utilizadas para realizar donaciones políticas deberán demostrar que generan ingresos en estos países. Actualmente, cualquier empresa del Reino Unido puede realizar donaciones a un partido político, independientemente de su fecha de creación, de dónde proviene su dinero y de quiénes son sus propietarios.

Algunos activistas habían pedido reformas más profundas después de que el multimillonario estadounidense Elon Musk planteara la idea de donar 100 millones de dólares al partido de derecha radical Reform UK, una idea que ahora parece haber abandonado tras las tensiones con el líder populista de la formación, Nigel Farage, íntimo amigo de Donald Trump. Como extranjero, no podrá donar bajo las nuevas normas y deberá demostrar que cualquier donación realizada a través de una empresa con sede en el Reino Unido generó ingresos en el Reino Unido.

El paquete de medidas también incluye refuerzo de los controles de "conozca a su donante", lo que significa que los partidos deberán considerar el riesgo de que el dinero provenga de fuentes ilegítimas. La Comisión Electoral proporcionará nuevas directrices sobre la realización de estas evaluaciones de riesgo. El comité de normas en la vida pública y la Comisión Electoral han solicitado previamente regulaciones más estrictas y mayor transparencia en las donaciones políticas.

Otro cambio es el endurecimiento de la ley para evitar que candidatos, activistas y personal electoral sean intimidados, acosados o maltratados. Los cambios incluyen la eliminación de la obligación de que los candidatos publiquen su domicilio en el material electoral y la modificación de las directrices legales para que se considere un factor agravante si alguien es declarado culpable de acosar a un candidato, activista o miembro del personal. Por último, el gobierno planea modificar la ley para prohibir que quienes sean declarados culpables de intimidar o maltratar a un candidato se presenten como candidatos en el futuro.