Portazo de la ministra de Justicia a lla política antiterrorista de Hollande

Christiane Taubira dimite tras sus críticas a la reforma constitucional que prevé la retirada de la nacionalidad a los condenados por terrorismo.

¿Dimitida o cesada? Ésa era la cuestión que resonaba ayer tras el comunicado del Elíseo anunciando la dimisión de la ministra de Justicia, Christiane Taubira. Lo que extrañaba a muchos es que esa noticia hubiera tardado tanto tiempo en llegar, a la vista de las divergencias notables y públicas que se han ido instalando entre la ministra y el jefe del Gobierno, Manuel Valls. La respuesta la dio la propia interesada unas horas más tarde en el Palacio de Bourvallais, sede del Ministerio de Justicia: «Me voy a causa de un desacuerdo político importante. He optado por ser fiel a mí misma, a mis compromisos, a mi lucha». Le sucederá el diputado socialista Jean-Jacques Urvoas.

La gota que ha colmado el vaso ha sido la determinación del Gobierno de sacar adelante el proyecto de revisión de la Constitución para incorporar en ella la retirada de la nacionalidad a los condenados por terrorismo. Desde hace semanas, Taubira no dudaba en manifestar claramente su rotundo desacuerdo con François Hollande y, sobre todo, con Valls, sobre esta medida, que fue anunciada el 16 de noviembre por el presidente ante las dos asambleas reunidas en Versalles. La ex ministra considera que «el peligro terrorista es grave e imprevisible», pero, según ella, «no debemos concederle ninguna victoria, ni militar, ni política, ni diplomática, ni simbólica», a los terroristas porque «nuestro pacto republicano es bastante sólido para resistir a las tragedias».

En casi cuatro años, Taubira ha pasado de un icono a piedra en el zapato socialista. La ex ministra de Justicia no tardó en escenificar que no estaba dispuesta a renunciar a su voz singular cuando llegó a su despacho de la Place Vendôme, y las primeras divergencias surgieron ante la reforma penal que preparaba el entonces ministro del Interior, Manuel Valls, obligando al jefe del Ejecutivo, Jean-Marc Ayrault, a minimizar los desacuerdos entre sus ministros. Un año después, en la universidad de verano del Partido Socialista, Taubira sorprendió a todos asistiendo a la reunión paralela organizada por los diputados rebeldes que pusieron en solfa la política económica de Hollande encarnada por el jefe del Ejecutivo, considerada radicalmente socioliberal. Mientras que algunos definían su asistencia a esta reunión como «un corte de mangas», ella se justificaba reprochando al Gobierno la desmoralización de los franceses.

Taubira tampoco apreció que Valls comparara la situación en las barriadas de algunas ciudades francesas con el «apartheid». La respuesta que dio cuando le preguntaron su opinión fue un largo y elocuente silencio. Más tarde, la ley sobre los servicios de información fue una nueva ocasión de disconformidad. Si no hubiera sido ministra, Taubira habría salido a la calle para manifestarse contra esa ley, «evidentemente», afirmó sin rodeos el pasado mes de mayo. Finalmente, la política antiterrorista le ha dado la puntilla, y concretamente, la derogación de la nacionalidad, una medida «absolutamente irrisoria», según ella, y que, como Valls reconoce, tiene más de «carácter simbólico» que «eficacia». Ayer mismo, el «premier» asumió ante los diputados la defensa de la nueva ley que fija las condiciones de pérdida de nacionalidad y que finalmente estipula que todos los franceses condenados por terrorismo, incluidos los que sólo posean una nacionalidad, podrán perder ciertos deberes cívicos.

Pero la imagen que quedará de Taubira no es la de sus múltiples desacuerdos con la línea de Hollande y, sobre todo, con Valls. Su nombre ha quedado unido a la única reforma social del presidente, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Fue ella quien llevó con vigor la defensa de esta nueva ley a pesar de las movilizaciones masivas que protagonizaron los opositores, las más importantes en número que haya conocido nunca Francia.

Frente a este desencuentro con su ex ministra, Hollande recibió ayer la buena noticia de que el Consejo Constitucional avala la prolongación del estado de emergencia y rechaza la alegación presentada por la Liga de Derechos Humanos. Según el máximo órganismo administrativo francés, permanece el «peligro inminente» que condujo a su instauración.