Golpes contra la democracia en Venezuela

El régimen de Maduro aumenta la represión contra los que se manifiestan pacíficamente para pedir elecciones

Las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, arrebatando las funciones a la Asamblea Nacional (Parlamento), además de haber constituido un claro golpe de Estado por la vía judicial, significaron el desenmascaramiento definitivo del Gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura.

El desvío dictatorial de Maduro se ha traducido en una menor tolerancia de la comunidad internacional, con fuertes llamados de la ONU, OEA, Mercosur y la Unión Europea. El apoyo a la “revolución bolivariana”, fundada por el fallecido presidente Hugo Chávez, se erosiona y esto abre las compuertas a una desmedida represión policial contra las manifestaciones opositoras que salen a las calles a exigir el cumplimiento de la Constitución que pasa por devolverles todas las facultades al Parlamento y fijar fechas de las elecciones secuestradas por los representantes del chavismo.

En el plano interno, la presión crece y destaca la posición del Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), que catalogó como dictadura al Gobierno de Maduro. Este pronunciamiento coincide con lo expresado por la coalición organizaciones de derechos humanos, los partidos políticos opositores y disidentes del régimen, los estudiantes, las universidades, los colegios de abogados, gremios profesionales y un grueso de la población que aboga por una salida pacífica, democrática y electoral a la crisis venezolana.

“Un verdadero arsenal represivo ha adquirido el gobierno desde 2013 hasta acá, superaron toda la capacidad represiva de gobiernos de la IV república (gobiernos que precedieron a Chávez)”, sostuvo Inti Rodríguez, activista de los derechos humanos y portavoz de la ONG Provea tras analizar la última manifestación reprimida en las calles de Caracas, en la que hubo un despliegue de gases lacrimógenos y equipos antimotines de grandes proporciones.

La oposición ha intentado llegar sin éxito a la sede de la Defensoría del Pueblo, en el centro de la capital venezolana, donde aspiran recriminar a este órgano público su silencio ante el golpe al Parlamento y la sumisión que guarda ante las decisiones arbitrarias de Maduro.

Por órdenes de la cúpula del partido de Gobierno (PSUV), la Policía y fuerzas militares reprimen a mansalva a los opositores negándoles el paso al centro caraqueño bajo la excusa de “falta de permiso”, siendo esto violatorio del derecho constitucional a manifestarse de forma pacífica.

Debilitado internacionalmente, con evidentes fisuras dentro del Gobierno y una oposición empujada por la gente a mantener la protesta de calle, Maduro opta por la fuerza represiva para detener un aluvión ciudadano movilizado para rescatar la democracia.

El carácter autoritario y militarista mantiene de pie a una tambaleante “revolución bolivariana” que debe hacer frente al levantamiento cívico con precarias condiciones financieras y una crisis social lejos de resolverse.

La represión gubernamental es dirigida por varios frentes: por un lado, repeler las manifestaciones; por el otro, una persecución selectiva de líderes como acaba de ocurrir con el gobernador Henrique Capriles, a quien sacaron del juego electoral por, al menos, por 15 años a través de una ilegal medida administrativa. Se prevén sanciones similares que afectarán a otras figuras destacadas de la oposición.

Este cóctel represivo ha incluido la exposición de los rostros de manifestantes en la cuenta oficial en Twitter del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, calificándolos sin indagación previa ni orden de algún juez como “generadores de violencia”.

Por si fuera poco, en cuatro días de protestas el Foro Penal Venezolano contabiliza 164 arrestos en las manifestaciones contra el golpe de Estado.

Tanto para quienes han vencido el miedo a la represalias saliendo a marchar, como los que han visto desde sus casas y oficinas los escasos reportes de la represión, causa indignación el millonario uso de químicos para dispersar a venezolanos desarmados en un país donde la gente hurga entre bolsas de basura para encontrar comida y en donde no se consiguen medicinas.

“No nos vamos a meter de nuevo en nuestras casas”, advierte la dirigencia de la oposición venezolana en boca del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, ante la andanada policial para apaciguar el descontento.

Las palabras del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reflejan el sentimiento nacional que hoy recorre Venezuela. “La magnitud de la cobardía de un régimen está dada por la dimensión de violencia utilizada para acallar a un pueblo. La magnitud de la valentía de un pueblo está dada por la dimensión de su voz, hoy, en la calle para recuperar la Democracia”, ha dicho Almagro en una firme declaración de apoyo a la rebelión ciudadana este fin de semana.

El estrategia de Maduro y del círculo de militares y civiles que le acompañan, cuya única motivación es proteger sus intereses particulares y ambición de poder, es la radicalización, lo cual se traduce en mayor represión y cierre de más espacios de participación.

La gente, en cambio, sólo tiene su convicción manifiesta en la calle de volver a vivir en una democracia plena y resolver el actual conflicto a través del voto.

Óscar Murillo es redactor jefe del Correo del Caroní e investigador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)

@oscarfmurillo