La UE arranca a May un acuerdo sin líneas rojas

Un año y medio después del referéndum británico, Reino Unido se compromete a sufragar los gastos del divorcio con 45.000 millones de euros, a garantizar los derechos de los residentes comunitarios y a mantener un «alineamiento normativo» para evitar una frontera en Irlanda del Norte. El pacto refuerza a May.

Fumata blanca en Bruselas. Así lo anunció Martin Selmayr, jefe de gabinete del presidente de la Comisión Europeo, Jean-Claude Juncker, ayer, poco después de las 7 de la mañana. La capital belga amaneció con un acuerdo sobre las condiciones de divorcio entre Bruselas y Londres, tras una larga noche de negociaciones entre Michel Barnier, negociador del Brexit para la UE, y su homólogo británico, David Davis. El pacto llega un año y medio después del referéndum británico y con unos días de retraso, pero finalmente se han logrado principios de acuerdo en las tres materias clave: los derechos de los ciudadanos europeos que viven en Reino Unido y viceversa, factura del divorcio y frontera del Ulster. La segunda fase de las discusiones, tan esperada por Londres, la de la «futura relación» entre Reino Unido y los 27, podrá comenzar a menos de dieciséis meses de la fecha del divorcio, el 30 de marzo de 2019. El acuerdo ha dejado, por el momento, satisfecha a ambas partes al lograr los «progresos suficientes» para pasar a negociar la relación comercial, el nudo gordiano para Reino Unido que no oculta su interés por mantener el acceso al mercado único. Los jefes de Estado y de Gobierno tienen ahora que dar el visto bueno al memorándum, en la próxima cumbre europea del 14 y 15 de diciembre, se empezará a negociar un periodo transitorio y la futura relación comercial que tendrá como modelo el acuerdo con Canadá.

El cheque británico del divorcio

«Nunca he hablado de cifras aquí y no lo voy a hacer ahora», dijo Barnier. Por ahora se baraja que la factura alcance los 50.000 o 45.000 millones de euros, cantidades que desde Bruselas ven realistas. En la segunda fase de las negociaciones se abordarán las modalidades prácticas para aplicar la metodología acordada y el calendario de pagos. Reino Unido seguirá participando en el marco presupuestario europeo 2014-2020 hasta su cierre, es decir, más allá del plazo de salida de la UE, en 2019, pero no podrá tomar decisiones. Su participación en los programas de la Unión exigirá que se respeten todas las disposiciones legales pertinentes.

Frontera invisible en Irlanda del Norte

«Hasta que no haya acuerdo con la DUP, no vengas», recomendó Juncker a May. La madrugada del jueves al viernes fue una noche intensa, en la que se cruzaron muchas llamadas telefónicas. Las trabas las ponían los unionistas de Belfast –no tanto los de Westminster– que ya frenaron el pacto el lunes. La «premier» no lo tuvo fácil a la hora de doblegar a sus socios de Gobierno. Si bien es cierto que sobre la mesa ya hay un acuerdo para evitar que haya una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte, el texto difundido ayer no desvela detalles sobre cómo se resolverá el complejo asunto de la frontera del Ulster, y lo posterga en el tiempo. En concreto, hasta la segunda fase de negociaciones. En una frase abierta, el texto promete que Londres mantendrá «pleno alineamiento regulatorio con las normas del mercado único y la unión aduanera», apoyando la economía de la isla y por supuesto, respetando el proceso de paz. El significado exacto de esas palabras queda en una nebulosa ya que no obliga a una «convergencia regulatoria», o lo que es lo mismo, introducir el derecho de la UE en la legislación británica. Pero en cualquier caso, el cambio del lenguaje no alteraría los términos del consenso: los británicos tendrán que ir en consonancia con el bloque comunitario, y su legislación tendrá que adaptarse a la europea sin tener influencia en su redacción (este es el caso de Noruega). Esto es lo que permitirá que la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte permanezca invisible. En rueda de prensa, Barnier reiteró que tanto Reino Unido como los Veintisiete están dispuestos a evitar una frontera «dura». «El compromiso de Reino Unido nos da una garantía efectiva», dijo, para evitar dicha frontera. O un escenario más visual: para no invocar a los fantasmas del conflicto que durante décadas enfrentó a católicos republicanos y protestantes unionistas. «Salvo que se encuentre otra solución, Reino Unido está firmemente de acuerdo en que Irlanda del Norte mantenga una total consonancia con las normas del mercado único de la UE y la unión aduanera», aclaró el negociador.

Garantías para los derechos de los europeos

Londres garantiza los derechos de los europeos residentes en Reino Unidos antes del Brexit para que puedan seguir trabajando o estudiando allí. Además, los miembros de una familia que no vivan juntos conservarán el derecho a reunirse en el mismo país. Sus hijos tendrán esa posibilidad incluso, los bebés que nazcan después de la salida británica. Asimismo, estas personas no perderán sus derechos a la asistencia sanitaria, a la jubilación y a otras prestaciones de la seguridad social, remarcó Barnier en la Comisión. Esta medida afectará a muchos ciudadanos de la UE residentes en Reino Unido. En total son tres millones y medio que vienen de los 27, entre ellos 200.000 españoles. Estos preservarán sus derechos adquiridos, y podrán quedarse a vivir de por vida si lo desean. Además, el texto recoge que se prohíbe cualquier discriminación basada en la nacionalidad.

El Tribunal Europeo de Justicia como referencia

¿Quién garantizará los derechos de los españoles residentes allí? Ésta se ha convertido en la madre de todas preguntas en lo relativo a esta cuestión y aquí las partes han encontrado un acuerdo intermedio. El negociador jefe precisó que el acuerdo final de retirada se incorporará al Derecho británico y las cortes de Reino Unido tendrán la última palabra. Eso sí, en el contexto de la aplicación o interpretación de estos derechos, los tribunales de Reino Unido «tendrán debidamente en cuenta» las decisiones pertinentes del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE), cuando consideren que se requiere la interpretación de la Corte europea, durante un plazo de ocho años, un tiempo que Barnier considera «realista para construir la jurisprudencia que ahora no existe».