La legitimidad del Artículo 70

Son muchas las dudas que rodean la consulta popular convocada por la oposición, sobre todo en relación al grado de vinculación jurídica de la misma y sobre el respaldo constitucional. Varios los expertos venezolanos se han manifestado al respecto en este tiempo y sus opiniones son diametralmente opuestas.

Respaldo legal

El proceso de consulta convocada por la Asamblea Nacional de mayoría opositora está sustentado por el Artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Dicho epígrafe hace referencia a los «medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía. En lo político: la elección de cargos públicos, el referéndum, la consulta popular, la revocatoria del mandato (...) En lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas (...)». Por lo tanto, según el 70, no hay duda de la legalidad del proceso. Sin embargo, según explica el jurista constitucionalista Jesús Silva al periódico «Tal Cual», «la actuación de una asamblea de ciudadanos no posee las competencias de tomar decisiones de ámbito nacional». Además, este profesor añade que el hecho de que la Asamblea Nacional haya sido «expropiada» por el Supremo (que ha anulado todas las leyes aprobadas por el Parlamento), hace que no sea considerado «legal». Una opinión que rebate otro constitucionalista, Julio César Fernández, al afirmar que la Asamblea, al ser parte del Estado, tiene toda la legitimidad para llevar a cabo la consulta.

¿Acto simbólico?

La otra duda es el carácter vinculante que tendrá la consulta popular. Aquí coinciden todos los expertos en que es algo «puramente simbólico» aunque no por ello carente de utilidad. Silva lo tacha de «engaño» a los ciudadanos al hacerles creer que tendrá consecuencias jurídicas, mientras que Fernández apunta a que las consecuencias políticas pueden ser fatales para el Gobierno chavista. Si el apoyo a esta consulta es masivo, la presión sobre Nicolás Maduro aumentará exponencialmente. «Las consecuencias políticas podrían ser desastrosas para el presidente de la república», asegura Fernández.