«La muerte de Nisman se ve como un crimen de Estado»

La diputada nacional Laura Alonso (Unión PRO) mantuvo contacto por Whatsapp con el fiscal Alberto Nisman días antes de su muerte. «No fue un suicidio», asegura Alonso en una entrevista telefónica con LA RAZÓN, en la que sostiene que la presidenta Cristina Fernández está dividiendo al país.

–¿En qué situación queda la presidente Cristina Fernández y el Gobierno argentino tras la imputación?

–La situación es grave y delicada desde el punto de vista institucional porque la presidenta ha sido imputada por haber supuestamente participado en un amaño de encubrimiento de un crimen de lesa humanidad. Y en segundo lugar, su vicepresidente está procesado en la justicia por un caso de corrupción. Nos preocupa la debilidad institucional del Gobierno argentino, pero somos una oposición responsable y creemos que es Cristina Kirchner quien debe dar explicaciones si en algún momento es citada por el juez.

–¿Cómo valora la reacción del Gobierno ante la muerte del fiscal Nisman y ahora ante la imputación de la presidenta?

–El Gobierno de Cristina Kirchner viene dividiendo a los argentinos desde la crisis del campo en 2008. El problema es que la muerte de Nisman es entendida como un crimen político, un crimen de Estado por la mayoría de la sociedad. Da la sensación de que la división que intenta hoy la presidenta es para la secta de fieles y fanáticos que la siguen. Cuando entablas contacto con los ciudadanos en la calle te das cuenta de que esta muerte supuso un punto de inflexión, del cual el kirchnerismo no tiene retorno. Si hay algo a lo que la sociedad argentina le ha puesto límites es a las muertes vinculadas a la política. Hemos tolerado corruptos y mentirosos –demasiado a mi juicio– pero nunca muertes, y menos aún una muerte de este tipo. Así que esperamos una gran movilización ciudadana el próximo miércoles por el país, y también en muchas ciudades del mundo, para pedir en silencio por la memoria del fiscal, pero también por las 85 víctimas del atentado de la AMIA.

–¿Cree personalmente que fue un suicidio?

–No, no lo creo. Estaba preparando su presentación del caso ante el Congreso. Era un obsesivo de su trabajo, muy meticuloso y riguroso. Es una pérdida para la democracia que un fiscal de su magnitud haya muerto. Alberto era un buen padre, un ciudadano de ley, una persona que dio la vida por la causa AMIA.

–¿Es cierto qué dijo que «Cristina lo había ordenado todo»?

–Sí, eso me lo dijo a mí, pero también lo dice en su denuncia y al diario «La Nación» en una entrevista publicada el 15 de enero.

–Si fue un asesinato, los autores actuaron con gran eficacia. Parece que no hay pruebas claras.

–No puedo hablar de ese tema porque me excede, pero puedo decir que entre las idas y vueltas, el Gobierno ha violado el artículo 109 de la Constitución que prohíbe al presidente interferir en las causas judiciales.

–¿Dónde puede acabar la imputación de Kirchner?

–Argentina enfrenta unas elecciones presidenciales en los próximos meses y este caso ha generado conmoción en los tribunales, en la sociedad y en el Congreso. La mayoría kirchnerista se mantiene disciplinada en las dos Cámaras y va a ser difícil empezar siquiera un juicio político a la presidenta. Pero la justicia va a avanzar y si hay algo de lo que estoy segura es de que la condena social para Cristina Kirchner ya ha llegado.