Las divisiones dentro de la UE se plasman en la cumbre de refugiados

Los jefes de Estado y de Gobierno piden que se agilice el sistema de registro de llegadas y anuncian que se destinarán 1.700 millones de euros para abordar la crisis de refugiados.

Europa se esforzó ayer por dar un mensaje de unidad ante la crisis de refugiados, aunque las diferencias manifiestas seguían presentes. Después del desmarque de los países del Este el martes votando en contra de un reparto más justo y equilibrado de refugiados en toda la UE, los jefes de Estado y de Gobierno han querido dar una imagen de unión e ir paso más allá en cómo debe Europa enfrentarse a uno de los mayores desafíos de la actualidad, la inmigración y el derecho al asilo.

«Hemos acordado una serie de prioridades inmediatas tras una profunda discusión sobre como conseguir soluciones sostenibles a largo plazo. Todos reconocemos que no es fácil encontrar soluciones pero sólo podremos gestionar este desafío trabajando juntos, con un espíritu de solidaridad y responsabilidad», señalaba la declaración acordada por los líderes. Este mensaje tan diplomático dista mucho de las tensiones vividas en el Consejo de Interior el lunes. Y efectivamente las diferencias ayer no se disiparon, sólo que los líderes fueron conscientes de que no se puede lanzar un mensaje tan divisorio en un tema tan delicado como es el derecho al asilo. Los ministros responden a los mensajes de sus Ejecutivos.

El presidente francés, François Hollande, recordaba a su llegada a la Cumbre que aquellos que no comparten los valores europeos, en clara referencia a Hungría, deberían replantearse su pertenencia. Sin embargo, en esta ocasión el presidente húngaro, Viktor Orbán, no llegó tan combativo como de costumbre. Reconoció que Alemania tiene un problema con los refugiados y que el deber de toda Europa no es otro que ayudarla. Sin embargo, a nadie se le escapa cómo la diplomacia puede suavizar un discurso en Bruselas que esconde un rechazo a seguir las directrices germanas.

Los líderes pidieron el cumplimiento estricto de las reglas ya existentes para el asilo y la gestión de las entradas ilegales a Europa, pensando especialmente en aquellos países que denuncian a sus vecinos por «hacer la visita gorda» con el registro de refugiados. Los acuerdos de Dublín exigen a los países que primero pisa una persona que entra de forma ilegal a la UE a registrarla. Grecia e Italia están por ello desbordadas, mientras Hungría presume de cumplir de forma férrea todos y cada uno de los acuerdos europeos. Los acuerdos de Dublín no se discutieron como tal en la cumbre de ayer, pero todos los Estados son conscientes de que podrían ser revisados en un futuro.

Los centros de registro son por lo tanto clave en este punto. Una vez se produzca de forma correcta la identificación, se podrá proceder al retorno al país de origen si la persona no tiene derecho a asilo, o a ofrecérselo si efectivamente huye de la guerra o el terrorismo. Fuentes europeas reconocían que aún no hay 120.000 refugiados que estén claramente identificados y se sepa hacia qué país van a ir. «Por lo tanto aunque uno quiera ya empezar a acoger refugiados, no se puede», declaraban. En definitiva, el retorno será una de las medidas inmediatas, que junto con la cooperación y la ayuda al desarrollo podría llevar a la solución de esta crisis humanitaria. Respecto a la gestión de las fronteras, todos los Estados miembros coinciden en la necesidad de protegerlas, aunque tampoco hay consenso sobre cómo hacerlo. Elevar vallas no es una medida que abiertamente cuente con aprobación, pero no parece que desde Bruselas se proponga otra solución que satisfaga a todos.

La propuesta de la Comisión Europea de crear una guardia europea de fronteras, puede que se quede sólo en eso, una propuesta. A pesar de que Francia apuesta fuertemente por esta idea, son muchos los países escépticos a contar con «fuerzas europeas», cuando la protección de las defensas europeas es una competencia nacional. Otros países no entienden por qué se tiene que hablar de control de fronteras, porque «da la sensación de que no se está haciendo nada en ese terreno», reconocen fuentes diplomáticas, cuando hay muchos países que llevan tiempo trabajando precisamente reforzar ese control.

Por otro lado, los líderes aprobaron al menos 1.700 millones de euros en ayuda para ACNUR u otros programas de ayuda al refugiado, así como facilitar la asistencia y mejorar la cooperación con países como el Líbano, Turquía y los Balcanes para que puedan combatir la crisis de refugiados. También insistieron en reforzar los controles en las fronteras exteriores de la UE, para frenar así el caos en el que se ha sumido todo el sureste de Europa ante la afluencia masiva de refugiados sirios. También han pedido «recursos adicionales» para la agencia europea de control de fronteras externas Frontex, la agencia europea de apoyo al asilo (EASO) y la agencia de cooperación policial.