Discapacitados para relevar a los trabajadores comunitarios

Los «tories» proponen que los empresarios les contraten para cubrir los empleos europeos. Un hospital de Londres ya pide el pasaporte a las mujeres embarazadas antes de atenderlas

Ya no queda lugar a dudas: reducir la inmigración se ha convertido en el objetivo principal del Gobierno de Theresa May de cara a las negociaciones del Brexit. Pero la batería de medidas propuesta por el Ejecutivo no deja indiferente a nadie. Ayer fue el diputado «tory» Mark Haper, que trabajó con May cuando ésta era ministra del Interior, quien acaparó titulares al sugerir que las compañías británicas deberían contratar a discapacitados para hacer el trabajo de los comunitarios una vez que Reino Unido salga de la UE.

Harper, que fue responsable de Discapacidad con el anterior Ejecutivo, defiende que mientras que el país forma parte del bloque, es más fácil para las empresas, especialmente en el sector de la restauración y la hostelería, contratar a trabajadores de otros países que invertir su tiempo formando a alguien con problemas de aprendizaje. «Una manera de aumentar la oferta de trabajo, reduciendo al mismo tiempo la inmigración, sería proporcionar más oportunidades a los discapacitados británicos que quieren trabajar, pero no tienen la oportunidad», matizó. En este sentido, instó al Ministerio del Interior y al Departamento de Trabajo y Pensiones a colaborar juntos para proporcionar ayuda adicional a las personas con problemas de salud física o mental que tras el Brexit podrían llenar vacantes previamente ocupadas por comunitarios.

Las ONG de discapacitados han expresado sus temores de que, lejos de proporcionar oportunidades, la salida del bloque podría conducir a la erosión de los derechos de estos trabajadores, que podrían sufrir un mayor riesgo de explotación. Y es que la Confederación Nacional de los Sindicatos (TUC) ha advertido de que una vez el país no forme parte de la Corte Europea de Justicia, las personas con discapacidad podrían encontrarse con una mayor discriminación si los futuros Gobiernos buscan reducir la legislación que afecta a las empresas.

Todos los ministros se encuentran ahora bajo presión para explicar cómo sus carteras van a verse afectadas por el Brexit. Andrea Leadsom, responsable de Medio Ambiente, ha sugerido que los agricultores británicos deberían ser menos dependientes de los trabajadores extranjeros. La ministra del Interior, Amber Rudd, quiere obligar a las empresas a revelar el número de trabajadores extranjeros como medida de presión para que se contrate a personal británico y también quiere que se reduzca el número de estudiantes extranjeros en las universidades para que, una vez hayan finalizado sus estudios, no se queden tantos a trabajar en Reino Unido. Por su parte, el ministro de Sanidad, Jeremy Hunt, tiene entre sus objetivos lograr que en diez años todos los médicos que ejerzan en el Sistema de Salud pública (NHS) sean británicos.

En definitiva, el mensaje de que los inmigrantes son los responsables de colapsar los servicios públicos sigue calando entre la sociedad. Y la presión ha llegado hasta tal punto que con el fin de evitar «el turismo sanitario» –que según el Gobierno cuesta al NHS 500 millones de libras al año– ya hay centros que se plantean imponer sus propias reglas. Es el caso del hospital de St. George, en Tooting, al sur de Londres, que está valorando pedir a las mujeres embarazadas el pasaporte antes de ser tratados en maternidad. Los controles podrían extenderse luego a otros servicios hospitalarios a excepción de urgencias. Con todo, la propuesta de la directiva ha sido fuertemente criticada por el personal, que asegura que no son «guardas de fronteras».

Por su parte, las escuelas de Inglaterra han empezado este curso a registrar la nacionalidad y el país de nacimiento de sus alumnos a fin de elaborar un censo educativo «más completo». Según confirmó a Efe una portavoz del Ministerio de Educación, estos datos, cuya recolección ha suscitado polémica, se piden para detectar «qué colegios pueden necesitar más recursos por tener un mayor número de alumnos extranjeros», pero «en ningún caso es obligatorio» facilitarlos. El nuevo requisito fue anunciado en marzo por la entonces ministra de Educación, Nicky Morgan, antes de que se supiera el resultado del Brexit. Pero su aplicación coincide con una batería de medidas muy controvertidas que han dado más munición a los críticos para acusar al Ejecutivo de xenófobo.

Para calmar los ánimos, el Gobierno anunció ayer que los estudiantes europeos que soliciten empezar el año que viene su curso universitario seguirán recibiendo las mismas ayudas que ahora. Éstas además no se retirarán durante su carrera aunque el Brexit se oficialice antes de que terminen su formación. El propio Dominic Cummings, cerebro estratégico de la campaña oficial por el Brexit, señaló ayer que May debía abandonar su promesa de reducir la migración neta por debajo de los 100.000 para, en su lugar, permitir a los trabajadores altamente cualificados el derecho a trabajar y vivir en Reino Unido.