Las siete renuncias de May

El acuerdo sobre el periodo de transición no agradó ayer especialmente a los «tories» euroescépticos, con gran poder en las divididas filas del Partido Conservador de Theresa May. Su enfado era entendible. Al fin y al cabo, se ha llegado al escenario que ellos siempre quisieron evitar. Durante esta etapa transitoria, Londres seguirá permitiendo la libertad de circulación, cumplirá con la normativa comunitaria, pero no participará en la toma de decisiones.

Lo cierto es que el marco actual dista mucho del discurso con el que el Ejecutivo británico comenzó las negociaciones. El «think tank» pro UE Open Britain, que lucha ahora por conseguir un segundo referéndum, publicó ayer las siete promesas que el Gobierno de May había incumplido aceptando el acuerdo de ayer con Bruselas.

En un principio se dijo que el período de transición consistiría en «implementar» la futura relación con el bloque, no en negociarla, pero se ha demostrado ser todo lo contrario. Asimismo, los «brexiteers» del Gabinete prometieron no pagar más dinero a la UE después de marzo de 2019, pero May ha mostrado su disposición a seguir participando en proyectos científicos y educativos (con un potencial coste anual de 2.000 millones de libras para Londres) y a mantenerse incluso en las agencias del medicamento, sector químico y seguridad aérea (lo que supondría una factura de 40 millones anuales).

Por otro lado, los ministros más euroescépticos se aventuraron a prometer que, durante la transición, Reino Unido no tendría que cumplir con las normas de la UE, que retomaría el «control» de la política pesquera y que la libre circulación terminaría en marzo de 2019. Pero ni una cosa ni la otra.

Algunos miembros del Ejecutivo dijeron que Londres tendría firmados nuevos acuerdos comerciales listos para entrar en vigor el 29 de marzo de 2019. Pero, aunque podrá negociar con terceros, Reino Unido no podrá implementar ningún nuevo acuerdo comercial mientras sigua dentro del mercado único y la unión aduanera.

Por último, desde Downing Street se dijo que el período de implementación duraría, como mínimo, dos años. Los negociadores británicos para el Brexit no pusieron fecha límite. Pero finalmente esta etapa terminará el 31 de diciembre de 2020, tal y como Bruselas quería desde el principio para hacerla coincidir con el final del actual presupuesto comunitario.

En definitiva, la firma del acuerdo supuso un respiro para la debilitada «premier», ya que un nuevo colapso en las negociaciones con el bloque habría mermado aún más su autoridad, por no mencionar las consecuencias para la City. Al mismo tiempo, representa ahora un nuevo punto de fricción con los «tories» más euroescépticos, como el influyente Jacob Rees-Mogg, que ayer dijo que no se podía convertir Reino Unido en un «Estado vasallo».