El primer ministro francés, François Bayrou, reveló un ambicioso plan de recorte de 5.500 millones de euros en el sector salud para el presupuesto de 2026. Esta iniciativa surge como respuesta directa a las crecientes presiones sobre las finanzas públicas del país. La propuesta se enmarca en un contexto de austeridad fiscal, y ahora la ministra de Salud, Catherine Vautrin, ha detallado en una entrevista con Le Monde las estrategias para implementar estos significativos recortes presupuestarios en el sistema sanitario francés.

La más llamativa se da en el ámbito laboral, donde se contempla una reforma en el sistema de bajas laborales. Con el objetivo de reducir el gasto en este capítulo, el Gobierno propone que las empresas asuman la cobertura de la baja hasta el séptimo día. En la actualidad lo asumen hasta el cuarto. Además, se pretende limitar la duración de la baja inicial prescrita por los médicos de cabecera a 15 días, y a un mes tras el alta hospitalaria. Estas medidas buscan evitar abusos del sistema y asegurar un mejor seguimiento médico de los trabajadores.

El Ejecutivo galo se ha marcado que los gastos en la Seguridad Social no superen el 2% del PIB, cuando en otros años el gasto ha sido cercano al 3%. Vautrin, en sus declaraciones al diario Le Monde, abunda en que el sistema no estaba siendo sostenible.

Más copagos

Una de las medidas más destacadas es el aumento de las franquicias médicas y las cotizaciones fijas a cargo de los pacientes. Dentro del sistema sanitario francés, las franquicias son una especie de copago que los pacientes abonan de su propio bolsillo por servicios como medicamentos o consultas. Pero a diferencia de España, donde el copago se determina por porcentaje, en Francia las cantidades son fijas y tienen un límite anual para evitar que el paciente pague más de lo determinado.

En 2024, el Gobierno ya duplicó el límite de las franquicias para medicamentos, pasando de 50 céntimos a un euro, y se contempla ahora otro incremento de las cotizaciones fijas para consultas médicas, análisis biológicos y otros servicios de salud. Con estas reformas, el Gobierno busca que los asegurados asuman una mayor responsabilidad en los costes de atención médica, sin que ello perjudique a los más vulnerables. Para evitar que los pacientes dejen de recibir atención debido a dificultades económicas, se establecerán límites máximos de pago mensual, que no superarán los 8 euros al mes. Además, se cambiará la forma de pago de estas franquicias, que pasarán a ser cobradas directamente en las farmacias en el momento de la compra, en lugar de deducirse posteriormente.

Mayor prevención, reducción de precios y luchar contra el fraude

Otra medida relevante es la reforma del sistema de cobertura para Enfermedades de Larga duración (ELD), que afecta a más de 13 millones de personas en Francia. Se eliminará el estatus de "no exento", en el que ciertos tratamientos no son completamente cubiertos, pero permiten a los pacientes tomar largas interrupciones laborales. También se facilitará la salida del sistema ELD cuando los pacientes se recuperen de enfermedades graves, como un derrame cerebral o cáncer. Además, se revisará el reembolso del 100 % de los tratamientos termales y medicamentos de baja utilidad médica para los pacientes con enfermedades crónicas.

El Gobierno también ha anunciado que reducirá los precios en sectores del sistema sanitario con elevados márgenes de rentabilidad, como la radiología, la biología, la diálisis y la radioterapia. Estos servicios están financiados en gran parte por el seguro de salud, y el gobierno considera que los precios en estos sectores deben ser más ajustados a la realidad económica del sistema. La ministra Vautrin ha subrayado la necesidad de controlar los costes para garantizar una gestión más eficiente de los recursos disponibles.

Por otro lado, el Gobierno pretende fortalecer las políticas de prevención sanitaria. Se contempla la vacunación obligatoria contra la gripe para las personas mayores en residencias, ya que, aunque un 85% de los residentes están vacunados, el objetivo es aumentar considerablemente esta tasa. También se prevé la implementación de medidas para combatir el "nomadismo médico", es decir, el abuso de consultas redundantes y exámenes innecesarios. Para ello, se impulsará el uso de un expediente médico compartido que permitirá a los profesionales de la salud acceder a un historial completo de cada paciente, evitando la duplicación de servicios.

Otro punto clave en el plan de ahorro es la lucha contra el fraude en el sistema sanitario. Se estima que el fraude alcanza los 13.000 millones de euros anuales, y el gobierno prevé intensificar las auditorías y controles mediante el uso de inteligencia artificial para optimizar la utilización de los equipos médicos. Esto incluiría una mejor gestión de dispositivos como los aparatos para tratar la apnea del sueño, cuyo tratamiento cuesta 1.000 millones de euros.

Finalmente, el Gobierno se propone reducir los gastos en los hospitales mediante un aumento en los servicios ambulatorios y la hospitalización domiciliaria, modelos que permiten tratar a los pacientes fuera del hospital, lo que a su vez reduce los costes de infraestructura.