Los policías de Filipinas, los malos de la película

La reputación de la Policía Nacional de Filipinas ha quedado en tela de juicio después de que varios miembros del cuerpo se hayan visto involucrados en numerosos robos y secuestros, así como tráfico de drogas y corrupción.

El escándalo saltó este mes cuando se supo, gracias a una foto publicada por un ciudadano en la red social Twitter, que un grupo de unos diez policías, vestidos de calle y empuñando sus armas, asaltó un coche en la principal autopista de Manila a plena luz del día.

Aunque en un principio se pensó que se trataba de una operación antidrogas, medios locales revelaron poco después que la escena correspondía a un delito, en el que los agentes, a bordo de tres coches, rodearon y cortaron el paso de un vehículo, arrestaron ilegalmente a dos de sus ocupantes y los trasladaron a una comisaría.

Allí, las víctimas recibieron amenazas durante horas y finalmente se vieron obligadas a entregar 2 millones de pesos (35.000 euros o unos 44.000 dólares) que llevaban en efectivo y a retirar 119.000 pesos (2.000 euros o 2.650 dólares) de un cajero.

Desde entonces, han saltado a los medios locales decenas de casos en los que miembros del cuerpo policial filipino son acusados de secuestrar a ciudadanos para pedir luego un rescate, traficar con drogas o incluso violar a mujeres.

Además, otros policías han denunciado a las autoridades un sistema implantado en algunas comisarías en las que agentes son forzados por sus superiores a participar en acciones ilegales y entregar parte del dinero que consiguen como resultado, en ocasiones hasta 120 euros por semana, para poder seguir manteniendo su puesto.

"Si no nos enfrentamos firmemente al problema de que los policías están involucrados en robos, drogas, extorsiones y secuestros, la erosión de la confianza de la población va a acabar afectando la paz y el orden general", advirtió el antiguo senador y exdirector general de la Policía filipina Pánfilo Lacson.

Según el político, la Policía Nacional de Filipinas "necesita una limpieza interna intensa y continuada", y debería "renovarse el sistema de reclutamiento y entrenamiento inmediatamente".

Ante la indignación de los filipinos, el ministro de Interior del país, Mar Roxas, pidió que se elabore un inventario completo de los crímenes cometidos por miembros de la Policía Nacional para "acabar con las malas hierbas una a una".

"No vamos a proteger a nadie. Si han cometido un crimen, la Policía Nacional irá tras ellos", dijo Roxas en una rueda de prensa ofrecida a los medios tras saltar el escándalo.

Por su parte, el Gobierno filipino ha anunciado que, para combatir la corrupción, los 148.000 agentes que forman la Policía Nacional serán sometidos a un nuevo control de "estilo de vida", con el que tratan de detectar a miembros que tienen bienes que no podrían adquirir con sus sueldos.

Aunque las inspecciones existen desde 2006, la Policía asegura que ha "cambiado de mecanismo", por lo que esperan que esta vez sea más efectivo.

A esta medida tendrán que responder primero los altos cargos, entre ellos el director general de la Policía Nacional de Filipinas, Alan Purísima, que ha sido acusado formalmente de corrupción, cohecho y pago indirecto de sobornos por una organización de consumidores del país.

El Ejecutivo filipino, sin embargo, se esmera en subrayar que "hay muchos más agentes honestos que corruptos".

"Hay unos 150.000 policías. No estoy defendiendo a los que son corruptos, pero son sólo unos pocos", declaró el ministro Roxas a los medios.

"No todos ellos forman parte de bandas criminales ni participan en actividades ilegales. El 99 por ciento, la inmensa mayoría de los policías, realizan su trabajo de forma honrada", concluyó.