México, una tumba para los periodistas

Con 31 asesinatos en seis años, es el país más peligroso de América para ejercer la Prensa,

A Maximino Rodríguez, veterano periodista del Colectivo Pericú, le asesinaron con 15 balazos el viernes. Estaba aparcando en una plaza de minusválidos cuando unos hombres encapuchados y con armas de gran calibre le dispararon desde una furgoneta blanca. Junto a él estaba su mujer, discapacitada, quien afortunadamente sobrevivió al ataque.

La libertad de prensa corre peligro en México. 2016 fue hasta ahora el peor año desde que se tienen registros, con 12 asesinatos y más de 400 agresiones, pero el presente curso, con cuatro, va camino de superarlo. Una tendencia que podría justificarse con los altos índices de violencia en las calles. Con las guerras de poder que libran los cárteles y cuyo fuego cruzado hiere de muerte a los periodistas más osados que tratan de revelarlo. Pero esta no es la única causa. Así lo denuncian desde Artículo 19, una organización que registra y expone públicamente todas las agresiones contra el gremio. Según asegura a LA RAZÓN, Luis Eduardo Knapp, abogado del organismo: «El principal problema de México es la impunidad». Según datos oficiales, el 99,75% de las agresiones contra periodistas queda sin resolverse, lo que, según Knapp, «supone un incentivo para los que quieren agredir a la Prensa».

Pero, ¿cómo se justifican estos altos índices de agresiones sin resolver? «Por el alto grado de complicidad que existe entre las autoridades y el crimen organizado. De hecho, el 53% de los ataques durante 2016 proviene de funcionarios públicos», asegura Knapp. Una situación que se vuelve aún más cruenta en estados como Veracruz o Sinaloa, donde la corrupción y la violencia son el pan de cada día.

El domingo, precisamente, fue detenido en Guatemala Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz y prófugo de la Justicia desde hacía 6 meses. Su caso ejemplifica a la perfección lo que tantos periodistas denuncian: la connivencia entre los cárteles y las autoridades. En noviembre, Duarte abandonó su cargo tras verse acorralado por las acusaciones que le vinculaban con el crimen organizado y el lavado de dinero. Dos días después de su renuncia ya estaba en busca y captura. Su historia y, todo lo que le rodea lo conoce a la perfección el periodista Noé Zavaleta, autor también del libro «El infierno de Javier Duarte». Tras su publicación, según Zavaleta, «empecé a ver unas intimidaciones muy claras contra mi persona. Gente identificada de Palacio de Gobierno vigilándome fuera de mi casa, de mi trabajo, de casa de mi novia... El mensaje era muy claro: sabemos quién eres, dónde vives y dónde te mueves».

Estas presiones hicieron que Zavaleta tuviera que abandonar Veracruz y caminar a partir de entonces acompañado por una escolta. Aunque ésta no es la única medida de seguridad que utilizan habitualmente los periodistas en México. «Con temas de violencia, muchas veces hemos tenido que hacer periodismo juntos o repartirnos una información. De esta manera conseguimos que no sea sólo un reportero el señalado, como incómodo o como crítico, y que pudiera ser blanco si no del Estado, o de las fuerzas policíacas, sí del crimen organizado», dice.

Esta historia se repite con diferentes nombres y apellidos en todo el país. La de Marta Durán de Huerta, colaboradora de la revista «Proceso», empezó con un mensaje de teléfono en su contestador: «En 2014 recibí una amenaza de muerte que quedó grabada en el contestador. Desconozco por qué me amenazaron. Y eso es lo más inquietante. La Policía lo investigó y me dijo que se trataba de un niño jugando». Durán de Huerta quiso llegar hasta el fondo del asunto, aunque lo que comprobó fue por qué los índices de impunidad rondan el 100% en el caso de los periodistas. «La voz que se oye en el mensaje no es la de un niño. ¿Cómo es que un niño jugando al azar marca 4 o 5 veces el mismo número? Les pedí que me lo enseñaran y no fueron capaces. Quería saber que de verdad era un menor y no un pretexto que insulta la inteligencia».

Con unas elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el gobierno de Enrique Peña Nieto trata de lavar la mala imagen que dejan 31 periodistas asesinados durante su sexenio.