Las peticiones de asilo de la Unión Europea suben casi un 30% en los primeros seis meses del año

Las peticiones de asilo vuelven a dispararse en el club comunitario. Según un informe divulgado este martes por parte de la Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE), en los seis primeros meses del año los países europeos recibieron 519.000 demandas, lo que supone un aumento del 28% respecto al mismo periodo de 2022. Unos niveles que no se veían desde la crisis de refugiados de los años 2015 y 16, debido al estallido de la guerra en Siria.

Alemania es el país receptor de más solicitudes con el 30%, seguido por España (17%) y Francia (16%). Según estos datos, sirios, afganos, venezolanos, turcos y colombianos suman el 44% del total. Los sirios suponen el grupo más numeroso con el 13% y el 62% de estas solicitudes son tramitadas en Alemania. Según la agencia —que también recopila los datos de Suiza y Noruega— si se mantiene el ritmo actual, las solicitudes pueden superar el millón a finales de este año. A esto debe sumarse los cuatro millones de ucranianos que han recibido protección temporal.

En el caso de España, nuestro país resulta especialmente atractivo para los latinoamericanos perseguidos en su lugar de origen. España recibió el 90% de las peticiones de venezolanos en relación al resto del club comunitario, el 86% de las demandas de colombianos y el 65% de las solicitudes peruanos.

Este aumento de llegadas vuelve a poner en el punto de mira el desafío migratorio. Los Veintisiete llegaron en el mes de junio a un acuerdo histórico para la reforma de las normas de asilo europeas a través de un sistema de solidaridad a la carta que ahora deber ser negociado con la Eurocámara para que pueda convertirse en realidad. El objetivo reside cerrar un acuerdo definitivo ante los comicios europeos del mes de junio. Uno de los grandes peligros es que un nuevo fracaso a la hora de llevar a cabo esta reforma aliente a los partidos euroescéptico antes de las elecciones a la Eurocámara. España quiere que la luz verde pueda llegar durante su presidencia que termina en diciembre de este año.

Este pacto alcanzado entre las capitales fija la reubicación de 30.000 refugiados al año, para aliviar la presión de los países que reciban más solicitudes, pero deja la puerta abierta a cierta flexibilidad. Esto significa que aquellos países que no quieran reubicar a los refugiados deberán pagar 20.000 euros por cada persona que solicite el asilo. De esta forma, la UE pretende superar la dinámica de los últimos años tras la oleada de refugiados sirios del año 2015. Entonces la UE llegó a un acuerdo para un mecanismo de reparto obligatorio según cuotas que fue boicoteado sin descanso por los países del Este.

Este dinero irá a parar a un instrumento común que ahora deberá ser diseñado por la Comisión Europea. Se espera que las multas que paguen los países europeos por no reubicar a refugiados puedan utilizarse para ayudar a aquellos Estados de primera línea, encargados de tramitar las demandas de asilo y para mejorar el blindaje de las fronteras europeas y las repatriaciones de los migrantes ilegales cuyas solicitudes de asilo hayan sido denegadas.

Otro de los puntos es precisamente cómo agilizar las expulsiones para que la carga no recaiga en los países de llegada del Sur de Europa. Italia quería que los migrantes pudieran ser devueltos a aquellos países por los que haya transitado y considerados «seguros» según los criterios internacionales. Finalmente, los Veintisiete aprobaron que deba existir un vínculo entre el migrante y el país de retorno, aunque se trate tan sólo de un establecimiento temporal antes de llegar a suelo europeo. Además, esta acuerdo pretende agilizar los procedimientos en la concesión de asilo para evitar que los trámites se dilaten innecesariamente.

Nada indica que las negociaciones con el Parlamento Europeo vayan a ser fáciles, ya que la Eurocámara defiende que pueden ponerse en marcha cuotas obligatorias en casos de crisis tras la evaluación del Ejecutivo comunitario.

Con el objetivo también de reducir el número de llegadas, la UE ha copiado el modelo establecido con Turquía en 2016, por el que Ankara se comprometió a reducir el número de llegadas a territorio europeo a cambio de dinero. En julio de este año, la UE firmó un acuerdo con Túnez. A cambio de 700 millones de euros para auxiliar la economía, las autoridades del país deberán controlar la migración, llevar a cabo operaciones contra el contrabando, la gestión de fronteras y el retorno de solicitantes de asilo. El objetivo es que este pacto sea un ejemplo para otros países del norte de África.