La divulgación de información sobre soldados caídos será castigada con penas de cárcel.

Un decreto firmado ayer por el presidente ruso, Vladimir Putin, introduce más de 20 modificaciones a la lista de lo que en Rusia se considera secreto de Estado, cuya divulgación implicará penas de entre cuatro meses y siete años de prisión si esa información es facilitada a otros países. El principal cambio es la inclusión de las bajas en el Ejército ruso en operaciones especiales, una norma que en realidad ya existía pero que únicamente incluía a los caídos en guerra, y que ahora eleva también a la categoría de «confidencial» las bajas en tiempos de paz. «El decreto presidencial es una reacción natural a los cambios de la situación en el mundo», declaró el diputado oficialista Franz Klintsevich, número dos del Comité de Defensa de la Duma, la Cámara baja del Parlamento ruso. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, no ha ofrecido ninguna explicación por el momento sobre la decisión de Putin de convertir en «secreto de Estado» las bajas militares.

Una modificación que parece hecha a medida para cubrir las huellas de la participación del Ejército en el conflicto en Donbás, en el este de Ucrania, pues Rusia no está oficialmente en guerra dado que niega categóricamente su participación en apoyo del bando separatista. Moscú sólo reconoce la posible presencia de ciudadanos rusos que combaten de forma voluntaria. Una negación en la que insiste Rusia pese a distintas pruebas puntuales y, sobre todo, a la lógica militar, de que resulta inverosímil que unos mineros separatistas cosechasen desde septiembre victoria tras victoria frente a todo un Ejército regular. Una de las pruebas que más preocupaban al Kremlin eran los ataúdes que regresaban a Rusia desde el Donbás, que comprometían no sólo la narrativa puertas afuera, sino también la popularidad del Gobierno dentro del país, pues, a diferencia de la operación en Crimea, las encuestas reflejan que una mayoría de los rusos rechazaría la participación del Ejército en una confrontación contra Ucrania.

Según el periodista Alexander Golts, experto en temas militares, el decreto presidencial de Putin es «un nuevo intento de acallar a todos aquellos que se preguntan si Rusia libra una guerra en Ucrania». Varios medios críticos informaron ya en septiembre de los primeros entierros secretos de reclutas caídos en Donbás, y que las autoridades militares cubrieron como bajas durante maniobras militares en el sur del país. Más recientemente salió a la luz el informe póstumo del opositor Boris Nemtsov, asesinado en Moscú junto al Kremlin a finales de febrero. Ese informe documenta de forma más o menos pormenorizada el modus operandi del Ministerio de Defensa ruso, que incluye sobornos para comprar el silencio de las familias, y cifra en al menos 220 los rusos caídos en Donbás, una buena parte en septiembre, en la batalla de Ilovaisk, una de las más cruentas del conflicto y en la que las fuerzas rusas jugaron un papel más activo. Asimismo, el «informe Nemtsov» revela que Moscú se gastó más de 53.000 millones de rublos, unos 928 millones de euros, en equipar a grupos separatistas en la región ucraniana.

En realidad, los datos sobre las bajas rusas en Donbás ya eran de facto confidenciales, dado que las autoridades no informaban al respecto y existe una absoluta opacidad. La diferencia con el nuevo decreto es que, al elevar la información a la categoría de secreto de Estado, su revelación constituye un delito, concediendo así a las autoridades la potestad de perseguirlo y juzgarlo activamente.