Reino Unido, un «Estado Libre Asociado» a la Unión Europea

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Estamos asistiendo, una vez más, a la teatralización de la historia oculta de la Unión Europea, parafraseando a Oliver Stone. Desde el día 18 los líderes de los 28 Estados miembros de la UE se reunieron en el Consejo Europeo de Bruselas para tratar, entre otros temas, la eventual salida de la Unión del Reino Unido, o como se denomina en el argot comunitario el “Brexit”. La negociación está obligada por la promesa del primer ministro británico David Cameron de convocar un referéndum para satisfacer las inquietudes de los Euroescépticos, incluidos los del Partido Conservador.

El Reino Unido tuvo que librar largas batallas de negociaciones para lograr adherirse en 1973 a las, entonces, Comunidades Europeas por la férrea oposición del gobierno francés presidido por el general Charles De Gaulle. El presidente francés aventuraba que la adhesión del Reino Unido sería el fin del proceso de construcción europea porque los británicos representaban a la pérfida Albión que actuaba como el caballo de Troya de los Estados Unidos.

Lo que pretende David Cameron, en contra de la mayor parte de las opiniones del resto de los Estados miembros es limitar los derechos sociales de los ciudadanos de la Unión que, haciendo uso de una de las cuatro libertades fundamentales de la UE, quieren instalarse en las Islas Británicas en aplicación de la libertad de movimiento de los ciudadanos. No se puede excluir una de las libertades, que afecta a los derechos individuales y defender la libertad de movimiento de capitales, por ejemplo, de la que se beneficia la City de Londres.

No es la primera vez que un gobierno británico alega razones extemporáneas para alejarse del resto de los Estados miembros. El Reino Unido ha utilizado las exenciones (opt-out) para autoexcluirse de acuerdos comunitarios con demasiada frecuencia. Son fundamentalmente los que afectan a la política social, la Unión Económica y Monetaria (Zona Euro), la Carta de los Derechos humanos, el espacio Schengen, etc. Además de suponer un problema moral constituye un ejemplo destructivo para el resto de los Estados miembros de la UE ya que todos podrían adoptar medidas similares respecto a sus inmigrantes procedentes de otros Estados de la Unión o, por qué no, respecto de los jubilados de algunos países que deciden residir en países soleados con una calidad de vida que no podrían disfrutar con las mismas pensiones en, pongamos por caso, el Reino Unido.

La debilidad de la Unión Europea se manifiesta externamente pero también internamente. Ya la señora Margaret Thatcher reclamó en Bruselas, y lo logró, la devolución de parte de las aportaciones británicas al grito de “I want my money back” (¡Que me devuelvan mi dinero!). Y así el gobierno de la “Dama de hierro” recibió lo que se llamaba “el cheque británico”. En la Cumbre de Bruselas también están presentes, además del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, responsable de la política monetaria de la UE, en la que el Reino Unido desea tomar decisiones sin ser miembro de la Eurozna.

Ahora la mayoría de los Estados miembros de Europa central y oriental se han opuesto, con razón, a llegar a un acuerdo que permita una nueva excepción al Reino Unido, no sólo en el área social sino también en el comercial para beneficiar a las empresas británicas. Los británicos han hecho gala de liberalismo cuando les conviene pero han utilizado el chantaje de abandonar la Unión en demasiadas ocasiones. El resto de los Estados miembros, incluidos los occidentales deberían establecer una línea roja y aceptar que si una parte quiere el divorcio porque ya no ama a su cónyuge, deben facilitárselo de mutuo acuerdo. Hay cola de países que desean adherirse a la Unión, aunque no tengan la magnitud del Reino Unido pero los británicos deben saber que en un divorcio sufren ambas partes. Los escoceses en su referéndum ya expresaron que si los inceses se van de la UE, ellos se quedan. El acuerdo alcanzado el viernes 19, que concede a Cameron sus reclamaciones, constituye una prueba más de la debilidad de la Unión y del status del Reino Unido como un “estado libre asociado”.