Sin respuestas ni responsables cinco años después de la explosión en el puerto de Beirut

Una fecha definitoria en la historia contemporánea de un país superado por la acumulación de fechas dolorosas. Un trauma colectivo por varias partidas. Cinco años de la mayor explosión de cuantas se tengan registro en el mundo al margen de las producidas por las bombas atómicas. Pasadas las seis de la tarde del 4 de agosto de 2020, los beirutíes se veían sorprendidos por la escena apocalíptica que se producía en el puerto de la capital. La explosión -sobre todo la última y definitiva- de un silo que acumulaba más de 2.700 toneladas de nitrato de amonio causó la muerte a 235 personas y heridas a más de 7.000.

Un lustro después las autoridades libanesas han sido incapaces de juzgar a nadie. Los intentos del juez Tarek Bitar por determinar qué ocurrió aquella tarde de verano de hace un lustro se vieron una y otra vez bloqueados por las distintas partes investigadas. Un martirio que se añade de manera cotidiana al dolor de las pérdidas físicas desde hace cinco años. ¿Por qué se guardó durante seis años nitrato de amonio en el puerto? ¿Quién lo autorizó? ¿Se adoptaron las medidas de seguridad adecuadas? ¿Con qué fin se acumuló tal cantidad de un producto tan peligroso en una zona aledaña al barrio de Achrafiyeh? Preguntas todas sin resolver.

Como cada 4 de agosto, los beirutíes volverán a concentrarse este lunes en los alrededores del puerto de la capital -para pedir justicia a las autoridades. No han perdido la esperanza, pero la historia contemporánea de Líbano es la de un reguero de crímenes -siempre con trasfondo político- sin resolver. La corrupción y el sectarismo -en un país profundamente dividido entre comunidades etno-religiosas- han frustrado una y otra vez los intentos nobles de las víctimas, muchos de ellos políticos, de llegar a fondo en todas las grandes tragedias que han marcado la vida colectiva de este pequeño país desde mediados de la década de los 70 del pasado siglo.

En una mesa redonda celebrada en la Biblioteca Nacional, el primer ministro Nawaf Salam -ex presidente de la Corte Internacional de Justicia- aseguraba ayer que “descubrir la verdad sobre la explosión en el puerto y encontrar a los responsables es una causa nacional unificadora”. “La impunidad se ha convertido en una cultura, la que ha permitido la persistencia de la corrupción y la repetición del derrumbe”, resumía.

Con todo, los afectados se aferran a los cambios que se han producido en el escenario nacional en los últimos meses. La operación militar a gran escala lanzada por Israel contra Hizbulá, responsable para muchos libaneses del bloqueo de la investigación, ha debilitado, sin duda, su papel otrora decisivo -la organización proiraní fue un auténtico Estado dentro de un Estado fallido y sus tropas mejor dotadas que las de las fuerzas armadas oficiales- en la vida política del país de los cedros.

No en vano, el ocaso de Hizbulá permitió en enero la elección de un nuevo presidente, el católico maronita y ex jefe de las Fuerzas Armadas Joseph Aoun, y, con ello, la designación de un gabinete al frente del cual se sitúa el citado Nawaf Salam, que prometió trabajar en la búsqueda de responsables. Así las cosas, a mediados de enero el juez encargado del caso, Tarek Bitar, retomaba la investigación después de tres años virtualmente suspendida al presentar cargos contra diez funcionarios y oficiales. Las autoridades libanesas aseguran que el dictamen del juez no se demorará demasiado, pero el tiempo sigue corriendo y en este asunto -como en otros, empezando por el espinoso desarme de Hizbulá- muchos ciudadanos comienzan a desesperarse.

Pero antes de la campaña israelí contra Hizbulá y la llegada de una nueva presidencia y un nuevo ejecutivo algo había comenzado a cambiar en la sociedad civil libanesa. A diferencia de otras ocasiones en el pasado, el 4 de agosto no fue una guerra, sino una tragedia que afectó a gente anónima, muchos de ellos humildes trabajadores del puerto, que pasaba por allí ajena a la cadena de irresponsabilidades que provocó la apocalíptica explosión en uno de los silos. Entonces, como ahora, los beirutíes saben que podría haber sido cualquiera de ellos en una tarde cualquiera de la canícula de Beirut.

Nadie les garantiza un veredicto justo y satisfactorio, pero el miedo de antaño parece ir desapareciendo. “¿Cómo pueden dormir con la conciencia tranquila mientras miles de familias esperan saber quién ha truncado la vida de sus hijos o los ha obligado a desplazarse? ¿Cómo un juez, un diputado, un ministro o cualquier persona vinculada a esta catástrofe puede seguir con su vida con normalidad?”, se preguntaba ayer en su homilía dominical el metropolitano ortodoxo griego de Beirut Élias Audi.

Entre quienes llevan cinco años batallando y tratando de curar sus “cicatrices invisibles y profundas” y estará hoy en una de las concentraciones convocadas en los aledaños del puerto se encuentra la jurista libanesa Yendi Sefeir, herida aquel 4 de agosto de 2020 cuando descansaba en su habitación, situado a poco más de 700 metros en línea recta del puerto de Beirut, de vuelta del trabajo. “Durante cinco años, cada día ha sido una lucha por encontrar una cierta normalidad, una resistencia frente al dolor y las pérdidas. Lamentablemente la justicia aún no ha llegado, y esa espera añade un sufrimiento adicional a nuestras heridas aún abiertas”, confiesa a LA RAZÓN.