Sombras sobre la turquía de Erdogan

–¿El acuerdo entre la Unión Europea y Turquía infringe las leyes comunitarias y los derechos humanos?

–Los Estados miembros tienen la responsabilidad de garantizar que los refugiados que lleguen a su territorio no sean devueltos. En teoría, esta responsabilidad puede ser transferida a otro país, pero sólo si éste es nombrado tercer país seguro. Los criterios para serlo se encuentran dentro de la Directiva sobre Condiciones de Acogida. Al contrario de lo que ha declarado Jean-Claude Juncker, Turquía no cumpliría con esto, dado que no es un país signatario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y tampoco tiene un marco legal claro que garantice la protección de aquéllos que proceden de países como Irak o Afganistán. También cuenta con un sistema de asilo insuficiente y un historial más bien pobre en derechos humanos, condiciones fundamentales para cumplir con el umbral de país seguro.

–¿Podría haber presentado otras soluciones la Unión Europea?

–Sí. Existe un amplio abanico de alternativas. Necesita una política de refugiados con una dimensión tanto interna como externa, y cooperar con Turquía, Líbano y Jordania; asegurar el acceso al trabajo, la educación y tratar de volver a construir el fallido Sistema Europeo Común de Asilo. También debe ofrecer asistencia directa a los países vecinos de Siria, y un reparto equitativo de las responsabilidades entre los veintiocho Estados miembros.

–El Consejo Europeo aplaudió ayer el cierre de la ruta de los Balcanes. ¿Es legal?

–Crear controles en las fronteras equivale a «devoluciones en caliente», lo cual es contrario al Derecho Internacional de los refugiados.

*Director del Refugee Studies Centre de la Universidad de Oxford