Sunak promete trato humano a solicitantes de asilo deportados a Ruanda

El Gobierno británico volvió este lunes a la carga con su polémico plan para mandar a Ruanda a los solicitantes de asilo que lleguen por rutas irregulares asegurando que se puede confiar en que recibirán en este pais un “trato humano”.

Este fue el argumento expuesto por los abogados del Ejecutivo conservador al inicio del proceso sobre la legalidad de esta medida en el Tribunal Supremo, al que el Gobierno ha recurrido después de que el pasado mes de junio la Corte de Apelaciones concluyera que “las deficiencias en el sistema de asilo del país africano son tales como para admitir que existen bases sólidas para creer que haya un riesgo real de que las personas enviadas a aquel país sean devueltas a sus países de origen y acaben sufriendo persecución o trato inhumano, cuando de hecho tendrían argumentos para recibir asilo”.

Desde el anuncio del controvertido programa en abril del 2022 se viene lidiando una compleja batalla legal entre el ministerio de Interior y las ONGs pro derechos humanos. Pero, consciente del gran significado que tiene para el electorado la cuestión migratoria, el Gobierno de Rishi Sunak, que va hasta 20 puntos por detrás de los laboristas en los sondeos previstos para el próximo año, no está dispuesto a rendirse y de ahí que haya acudido ahora a la máxima instancia judicial de Reino Unido. El fallo no obstante no se espera hasta noviembre.

El plan está diseñado ante todo para parar la inmigración ilegal en el Canal de Mancha, ruta utilizada el año pasado por un récord de más de 45.000 personas. Los ministros dicen que esto disuadiría a las bandas criminales de tráfico de personas, aunque los expertos dicen que eso es discutible y los funcionarios estiman que podría ser más costoso que tratar con los inmigrantes en Reino Unido.

A finales del año pasado, el Tribunal Superior dio luz verde a la que sin duda es la medida más controvertida de la era post Brexit, pero los afectados -respaldados por diferentes ONG como el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR)- recurrieron y la Corte de Apelación les dio la razón.

El 14 de junio del año pasado debía haber salido el primer avión rumbo a Ruanda. Pero solo 30 minutos antes del despegue, se quedó sin pasajeros gracias a la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Se trata de una corte que nada tiene que ver con la Unión Europea y a la que Reino Unido sigue dando cuentas al ser miembro de la Convención Europea de Derechos Humanos. El núcleo duro del Partido Conservador presiona ahora para que en el manifiesto para las próximas generales se plantee un referéndum sobre la salida de este organismo.

El Gobierno británico ha pagado al país africano 140 millones de libras para que albergue a los inmigrantes. Downing Street argumenta que, si bien Ruanda fue escenario de un genocidio que mató a más de 800.000 personas en 1994, desde entonces se ha forjado una reputación de estabilidad y progreso económico. Pero los críticos denuncian que la estabilidad se logra a costa de la represión política.