El Supremo británico avala la deportación de solicitantes de asilo a Ruanda

El Tribunal Superior determinó est lunes que el controvertido plan del Gobierno británico para mandar a Ruanda a los solicitantes de asilo es legal. Los aviones no podrán despegar todavía porque queda por delante un largo proceso de recursos de apelaciones. Sin embargo, el fallo supone un importante respaldo para Downing Street respecto a la que se considera la medida más polémica de la era post Brexit.

El Ejecutivo defiende que el objetivo es disuadir a las mafias para evitar que los traficantes de personas exploten a migrantes desesperados y pongan sus vidas en riesgo. Pero los partidos de la oposición lo consideran “inviable”, “inmoral” y “poco ético”. Y los principales representantes de la Iglesia de Inglaterra, 23 obispos que ocupan escaño en la Cámara de los Lores, llegaron a enviar en verano una carta al diario “The Times” en la que denunciaban una práctica “que debería avergonzarnos como nación”.

La victoria para el Gobierno es, sin embargo, parcial. Por una parte, los jueces determinan que sí se puede reubicar a los inmigrantes que hayan llegado por rutas ilegales a Reino Unido para que sus solicitudes de asilo se evalúen mientras que están en el país africano. Si se les concede el estatus de refugiado pueden permanecer en Ruanda. De lo contrario, pueden presentar una solicitud para establecerse allí por otros motivos o buscar asilo en un “tercer país seguro”. Los magistrados consideran que el programa no viola la Convención de Refugiados de la ONU ni las leyes de derechos humanos.

Sin embargo, el tribunal asegura que los casos de los ocho primeros inmigrantesque iban a ser mandados al país africano el pasado mes de junio no habían sido considerados adecuadamente, por lo que “estas decisiones serán anuladas y remitidas al ministro del Interior para que las considere de nuevo”.

El pasado 14 de junio debía haber salido el primer avión rumbo a Ruanda. Pero en el último minuto, literalmente, el vuelo fue cancelado por la intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una corte que nada tiene que ver con la UE.

Downing Street ha pagado 140 millones de libras al país africano para albergar a los inmigrantes. Argumenta que si bien Ruanda fue escenario de un genocidio que mató a más de 800.000 personas en 1994, desde entonces se ha forjado una reputación de estabilidad y progreso económico. Pero los críticos denuncian que la estabilidad se logra a costa de la represión política.

Tras conocerse la sentencia, Josie Naughton, directora ejecutiva de la organización benéfica para migrantes Choose Love, dijo que la decisión judicial “va en contra de los compromisos y la rendición de cuentas internacionales”, y agregó que los activistas “seguirán luchando” por el “derecho humano de buscar asilo”. Por su parte, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) denuncia asimismo que Ruanda no cuenta con los “mínimos” necesarios para sostener un sistema de asilo “fiable, justo y eficaz”.

Pese a que el controvertido `plan Ruanda´ fue tramitado durante el Gobierno de Boris Johnson, el actual primer ministro, Rishi Sunak, lo ha mantenido. Aunque presenta una postura mucho más moderada que Johnson y la fugaz Liz Truss, el actual líder `tory´ -que está en Downing Street por decisión de las filas, no por el electorado- sabe que el núcleo duro de la formación tiene aún un importante peso y no quiere dar un paso en falso que pueda provocar rebeliones y dañar aún más la imagen del partido, que en dos meses ha puesto hasta tres primeros ministros distintos.

Además, el debate está de plena actualidad por el récord de inmigrantes que han cruzado el Canal de la Mancha. En lo que va de año, son ya más de 40.000 personas, frente a los 8.000 de 2020 o los 600 de 2018. Comparado con otros países europeos, no es desmesurado. Pero en la Global Britain post Brexit son cifras cargadas de simbolismo político, ya que los euroescépticos prometieron recuperar el control de las fronteras.

El Gobierno paga cada día 6,8 millones de libras para albergar a los solicitantes de asilo. En la actualidad, hay un tapón de 100.000 solicitudes. Cada una tarda una media de 480 días en procesarse.

La inmigración es una de las grandes preocupaciones para los votantes conservadores. Y, según los últimos sondeos, el 15% de los que votaron en 2019 por los `tories´ respalda ahora a UK Reform, los herederos del UKIP de Nigel Farage. Pese a no tener representación en Westminster, no puede obviarse que fue la gran popularidad adquirida por Farage -con su mensaje euroescéptico y antiinmigración- lo que acabó forzando a los conservadores a convocar el referéndum sobre la permanencia en la UE. Y aunque los propios `tories´ están sufriendo las consecuencias de políticas populistas, nadie descarta que vayan ahora a tropezar con la misma piedra.