EE UU

Trump trata de recusar a la fiscal de Georgia por un «affaire» amoroso

Fani Willis tuvo una aventura sentimental con un fiscal que contrató para el caso de interferencia electoral contra el expresidente de EE UU

La fiscal Fanni Willis, en una audiencia en la Corte de Atlanta (Georgia)
La fiscal Fanni Willis, en una audiencia en la Corte de Atlanta (Georgia)POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP

Una especie de drama de Hollywood se ha apoderado de uno de los casos judiciales que amenazan la posibilidad de que Donald Trump vuelva a ser presidente de EE UU. En las últimas horas, Fani Willis, fiscal del condado de Fulton, en Georgia , ha dicho que no tiene planes de renunciar al caso de subversión electoral que involucra al exmandatario, ante las acusaciones de que mantiene una relación amorosa con su principal fiscal. La decisión, según su oficina, está motivada en parte por la preocupación de que su partida ponga fin al caso contra Trump y sus múltiples acusados.

El extenso caso de asociación ilícita aún no tiene fecha de juicio, y Willis y su equipo son conscientes de que el tiempo para hacerlo antes de las elecciones se está agotando rápidamente. Cualquier cambio en el equipo encargado de la persecución probablemente retrasaría los procedimientos, y no está claro si otro fiscal en Georgia estaría dispuesto a asumir el caso, dados sus desafíos políticos y legales. La narrativa de Trump es que esa, como las otras tres acusaciones, forman parte de una «cacería de brujas» con el fin de impedirle retornar a la Casa Blanca.

A Willis se le señala de presuntamente haber contratado de manera irregular a Nathan Wade, su presunto amante. Las acusaciones vienen de la moción presentada por la defensa de Michael Roman, un exfuncionario de la campaña de Trump y coacusado en el caso de subversión electoral. En un intento por desestimar los cargos y descalificar las intenciones de la oficina de Willis, la impactante presentación pública alega que el fiscal especial Nathan Wade, quien se desempeña como abogado privado, habría pagado unas lujosas vacaciones que compartió con Willis utilizando los fondos del condado y que su bufete de abogados recibió para el caso.

Los registros del condado mostrarían que Wade, quien ha de-sempeñado un papel destacado en el caso de interferencia electoral, ha recibido casi 654.000 dólares en honorarios legales desde enero de 2022. El fiscal del distrito, Willis, es quien normalmente autoriza esa compensación. Según una portavoz de Willis, la oficina de la fiscal responderá a las acusaciones «a través de presentaciones judiciales apropiadas».

Hasta ahora, no se conoce que el documento ofrezca pruebas concretas de la naturaleza o lazos románticos entre Willis y Wade. Lo único que asegura es que «fuentes cercanas tanto al fiscal especial como a la fiscal del distrito han confirmado que tenían una relación personal en curso».

La abogada de Roman, Ashleigh Merchant, asegura que para la acusación intentaron revisar el caso de divorcio del mismo fiscal Wade en busca de pistas y se realizaron además copias de ciertos documentos que apoyan la acusación. Sin embargo, el expediente del caso fue sellado de manera indebida porque no se llevó a cabo una audiencia judicial, como exige la ley. Dado que el caso permanece sellado, la portavoz dijo que no compartirá la información obtenida del expediente de divorcio hasta que se levante esa medida, pero que está solicitando a un juez que levante el sellado del expediente del caso, presumiblemente para ver si Wilis es mencionada.

En lo estrictamente legal, según abogados consultados por LA RAZÓN, no está claro si los explosivos problemas planteados en la presentación socavan la validez de la acusación contra Trump y los otros 14 coacusados, o simplemente complican la situación al cuestionar la ética profesional de Willis. El profesor de American University Emilio Viano explica que si el caso crece, va a ser necesaria «una revisión más detenida de las decisiones de Willis antes de determinar si la acusación debe ser desestimada». Cree que la sola acusación puede cumplir el cometido de la defensa en relación a que «el público y el Estado, como su cliente, no podrían tener confianza en el juicio independiente que su posición le exigía ejercer».