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Cuarta imputación de Trump
La cuarta causa penal que enfrenta Donald Trump en Georgia ha salpicado a 18 colaboradores más que están acusados de ayudarle, presuntamente, a tratar de alterar y anular los resultados de las elecciones presidenciales del 2020 en Georgia.
Los 19 acusados, enfrentan un total de 41 delitos penales. Cada uno tiene un determinado número de cargos en función de su papel en la trama, pero todos comparten el delito de extorsión en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsionistas (RICO, por sus siglas en inglés), un delito reservado por lo general para el crimen organizado.
Estos son los acusados, los cargos que enfrentan y su papel en el complot electoral:
Enfrenta 13 cargos en relación con su intento de anular los resultados electorales de Georgia:
Se enfrenta a dos cargos, el de extorsión y solicitación de violación de juramento por parte de un funcionario público. Es el funcionario de más alto rango de la Casa Blanca incluido en la acusación después de Trump. Participó en la llamada del 2 de enero del 2020 en la que el expresidente le pide al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, que altere los resultados de las votaciones.
Es el colaborador que más cargos enfrenta en esta causa, 13, como Trump. Está acusado de sugerir a los legisladores que violaran sus juramentos alentándolos a que ayudaran a enviar una lista de electores pro-Trump y a hacer falsas declaraciones. Giuliani defendió a Trump a capa y espada ante los medios de comunicación, secundando la teoría del expresidente de fraude, a pesar de que no había pruebas. Además, estaría involucrado en un plan con hasta 16 falsos electores.
Dos delitos son los que enfrenta. Trump lo eligió para que nombrara al fiscal del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) y que así arrancara enseguida una investigación en torno a las afirmaciones del exmandatario de que le habían robado las elecciones. Clark incluso escribió una carta a las autoridades de Georgia asegurando falsamente que «el DOJ había identificado preocupaciones importantes que pueden haber afectado el resultado de las elecciones en varios estados, incluido el de Georgia».
Enfrenta nueve cargos. Supuestamente es la mente creadora de la estrategia que Trump y sus letrados usaron para alterar los resultados de las elecciones, que pasa por crear una lista de electores falsos en estados clave (incluido Georgia) para dar a Trump por vencedor.
Enfrenta siete cargos por su papel clave a la hora de coordinar a los falsos electores. Incluso redactó un manual sobre cómo podrían imitar a los reales y colaboró en la coordinación y ejecución de un plan para firmaran un certificado declarando «falsamente» que Trump había ganado los comicios. Igual que Eastman, también ha sido apuntado como posible cómplice en la rebelión del 6 de enero del 2021.
Está acusada de dos cargos por solicitar a un funcionario público que violara su juramento y mintiera en relación con su asistencia a una audiencia del Subcomité Judicial del Senado de Georgia el 3 de diciembre.
10 cargos. El jurista de Georgia presentó a los legisladores videos que según él mostraban a trabajadores electorales contando hasta dos o tres veces el mismo voto.
El excolaborador de la Casa Blanca ha sido acusado de siete cargos por tratar de presentar un grupo de electores falsos tras las elecciones del 2020.
Es uno de los 16 republicanos que iba a firmar el certificado declarando falsamente que Trump había ganado las elecciones, y por ello enfrenta ocho delitos. Se declaraba a si mismo uno de los electores «legítimamente elegidos y calificado» del estado de Georgia.
Igual que David Shafeer, es otro de los falsos electores republicanos. Fue presidente de finanzas del Partido Republicano de Georgia en 2020 y delegado de Georgia en la Convención Nacional Republicana de ese mismo año. Enfrenta siete delitos, incluyendo la suplantación de un funcionario público y falsificación.
Se le acusa de cinco cargos relacionados con intentar presionar a la trabajadora electoral de Georgia, Ruby Freeman, y a su madre, asegurando que las habían visto sacar votos fraudulentos de una maleta durante el recuento. Según un documento judicial del año pasado, los fiscales aseguran que Freeman tuvo que llamar al 911 hasta tres veces ante las amenazas del pastor.
Enfrenta tres delitos por extorsión, influir en testigos y conspirar para tratar de obtener declaraciones falsas también relacionadas con la trabajadora electoral Ruby Freeman.
También acusado de intimidación de trabajadores electorales, entre ellos de nuevo, Freeman.
Kutti se acercó a Ruby F. intentando ayudarla para luego presionarla y que confesara, falsamente, que había cometido fraude electoral.
Acusada de cinco delitos. Formó parte de un grupo de personas que supuestamente se reunió en la casa del abogado conservador Lin Wood, en Carolina del Sur, en noviembre del 2020 «con el propósito», asegura en su escrito de acusación la fiscalía, «de explorar opciones para influir en los resultados de las elecciones de Georgia y otros estados». Powell llegó a defender una teoría que vinculaba al expresidente Hugo Chávez (fallecido en 2013) con las empresas de software que se utilizaron en las máquinas de votación en Georgia. La compañía del programa informático le denunció a finales de marzo y le pide 1.300 millones de dólares por difamación. Con ella trabajó el también abogado de campaña, Ray Smith, que está acusado de 11 cargos: tres por solicitar a un funcionario público que violara su juramento, dos por falsas declaraciones y seis más por participar en el plan para crear la lista de electores falsos, que incluyen delitos de conspiración.
Latahm está acusada de 11 delitos por ser una de los miembros 16 del Partido Republicano que trataron de hacerse pasar por falsos electores. Fue presidenta del Partido Republicano del condado de Coffe, por lo que estuvo en la oficina electoral de este destino durante gran parte del día 7 de noviembre. La fiscalía, en su acusación, asegura que recibió a un equipo de informáticos forenses que al parecer iban a copiar el software y otros datos de las máquinas de votación en un «acceso no autorizado». Con ella estuvo también Misty Hampton.
Enfrenta seis cargos por los hechos citados más arriba, y por permitir el acceso de dos hombres a la oficina electoral donde pasaron horas encerrados con el equipo. Luego se descubrió que ambos sospechosos habían sido parte activa en los esfuerzos por anular los resultados de las elecciones del 2020. Con ella estaría también acusado Scott Hall, propietario de un negocio de finanzas y vinculado a la violación del sistema electoral del condado de Coffee y que enfrenta siete delitos.
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