Un país europeísta marcado por su alianza con Alemania

Cuando Alemania estornuda, Países Bajos se resfría. Así de estrecha es la relación económica entre dos países netamente exportadores y unidos en el mantra de la austeridad. Ambos pertenecen, junto a Finlandia y Luxemburgo, al exclusivo club de la «triple A». Tal es la sintonía entre Berlín y La Haya que el presidente del Eurogrupo es el ministro de Finanzas holandés, Jeroen Dijsselbloem, que desde que sucedió a Jean-Claude Juncker no ha dejado de apretar las clavijas a los países del sur. Socio fundador de la CEE en 1957, Países Bajos ha dejado de ser el socio europeísta que acogió en Maastricht en 1992 la firma del Tratado de la Unión Europea y, en consecuencia, del euro. Durante la última década, la globalización y la rápida ampliación de la UE despertaron entre los 16,7 millones de holandeses un repentino miedo a perder su identidad y su generoso Estado del bienestar. El primer aviso llegó en 2005, cuando la población rechazó en referéndum la Constitución europea. Luego, los sucesivos Gobiernos vetaron el acercamiento de Serbia a los Veintisiete hasta que Belgrado no entregó al Tribunal de la Haya a los criminales de guerra, y negaron la libre circulación de trabajadores rumanos y búlgaros por miedo a una avalancha de inmigrantes.

Este creciente rechazo a la inmigración no deja de sorprender en un país tolerante y progresista. Basta mencionar que bajo el reinado de la reina Beatriz se aprobó la ley del aborto, se autorizó el consumo de marihuana y se legalizó el matrimonio gay. El xenófobo Pim Fortuyn, asesinado en 2002, fue el primero en canalizar este malestar hacia el extranjero, pero sin duda ha sido el islamófobo Geert Wilders quien con más éxito supo inocular el virus de la xenofobia en la política holandesa.

Tras una década caracterizada por la inestabilidad política –se celebraron cinco elecciones en diez años–, los holandeses optaron en los comicios de septiembre por los partidos más europeístas. Pese a sus muchas diferencia programáticas, los liberales de derechas (VVD) del primer ministro, Mark Rutte, y los socialdemócratas (PvdA) alcanzaron un acuerdo de Gobierno. Su principal prioridad es sanear las cuentas públicas, que cerraron 2012 con un déficit del 4%, y cumplir con las exigencias de Bruselas en 2017. Para conseguirlo, han aprobado un vasto programa de austeridad de 16.000 millones de euros. Otra vuelta de tuerca para una clase media que ya soporta un tipo impositivo del 52%.

Con un paro del 6,4%, una prima de riesgo de 42 puntos y una renta per cápita de 35.900 millones, Países Bajos goza de una situación económica envidiable para los estándares españoles. Sin embargo, su mayor reto económico es garantizar la sostenibilidad de su Estado social. De ahí que el Ejecutivo prevea retrasar la edad de jubilación a los 66 años en 2018 y a los 67 en 2021.

Aunque Países Bajos es un monarquía parlamentaria, lo cierto es que el rey ha jugado un importante papel político. Así, la reina Beatriz era quien dirigía la formación de gobierno tras cada proceso electoral hasta que el año pasado una reforma cedió este cometido al Parlamento. Según el ex primer ministro Dries Van Agt, la monarca es «como un halcón que desde las alturas controla su país». Su hijo ya ha mostrado su intención de permanecer al margen de las guerra políticas y adoptar un rol más representativo.