Acusan a Gordillo de «comprar votos» con el empleo público

El diputado de IULV-CA y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, se negó el martes a declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la supuesta desviación de fondos municipales del Ayuntamiento que dirige para pagar el transporte a particulares por actos del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). El también líder de esta última organización se acogió a su derecho a no declarar, si bien, su abogado justificó luego su silencio alegando, entre otras cuestiones, que existen facturas recogidas en el atestado policial que no están ni abonadas, por lo que avanzó que su cliente se reserva el derecho a declarar más adelante.

Cabe recordar que la historia parte de una denuncia del concejal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Marinaleda, Mariano Pradas, que la Fiscalía elevó luego ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA, donde se interrogó a Sánchez Gordillo por su condición de aforado –que implica su escaño en el Parlamento andaluz–. Causa en la que se personó como acusación particular el sindicato Manos Limpias.

Pradas lo tiene claro. «Entre las facturas que me mostró el interventor, las había pagadas, como la de Autocares Morales con el concepto 'El Coronil/Las Turquillas –finca que tomó el SAT–/Écija', y otras en las que, según el acta de la comisión de gobierno, existe un compromiso de pago por parte de la Administración local», apunta a LA RAZÓN.

Al margen del supuesto desvío de fondos, «en manos de la Justicia», el socialista se muestra convencido de que Sánchez Gordillo «utiliza el empleo público para comprar votos». Y se explica: relata que el diputado izquierdista ha negado que mezcle la contratación en el Ayuntamiento con la ligada al «Humoso –finca expropiada y motor económico de Marinaleda–» y avisa: «Pero no es verdad». Mantiene que «el reparto de trabajo se hace indistintamente. Es más, se anuncian incluso por megáfonos reuniones de parados en el sindicato o en el Consistorio. Los cita en ambos», insiste. El concejal del PSOE no tiene ninguna duda de que «la manipulación del trabajo público es manifiesta, a pesar de que, en teoría, es para todos», lamenta.

«Deben tener acceso a él todas las personas en las mismas condiciones, con independencia de sus ideas», remata Pradas.