Afectados llevarán al Constitucional el cobro de impuestos por las herencias

«Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Este artículo, el 14 de la Constitución Española, es la base sobre la que se edifica la demanda judicial que quiere acabar con el cobro del impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía, o en su defecto, igualarlo al resto de comunidades autónomas, donde las bonificaciones alcanzan el 99%. La plataforma ciudadana Stop Impuesto Sucesiones trabaja sobre esa premisa en el recurso que presentará ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de eliminar las flagrantes diferencias entre territorios. «No podemos ser iguales ante la Ley cuando unas autonomías lo han puesto cien veces más gravoso que otras», critica su presidente, Juan Carlos Valverde. «Estamos dispuestos a llegar a Europa, como ha ocurrido con las cláusulas suelo, para que el Tribunal Europeo se pronuncie al respecto». El abuso demostrado de esta cláusula por la banca en las hipotecas les anima a luchar contra la Administración, a la que, asegura, solicitarán también devoluciones con carácter retroactivo.

Sobre la presentación de esa demanda inicial, la asociación no tienen aún un horizonte temporal marcado, aunque pretenden que sea «cuanto antes». «Hay dos bufetes de letrados y un catedrático de Derecho estudiando su viabilidad. Es fundamental que la denuncia esté bien redactada, debemos ir con pies de plomo», defiende. Valverde señala que «tenemos esperanza en que al igual que ha sucedido con la cláusula suelo, se logre su anulación. Iremos a por todas y pediremos la retroactividad», avanza. Paralelamente, están recogiendo firmas para presentar la iniciativa en la mesa del Congreso de los Diputados.

Este impuesto fue cedido en 2009 por el Estado a las autonomías, que pudieron así adecuar la presión fiscal en función de sus necesidades. En los últimos años, la recaudación media en Andalucía ha superado los trescientos millones, disparándose en 2014 (365 millones) y 2015, cuando alcanzó los 392 millones. El último dato disponible respecto al año pasado recoge que los andaluces pagaron 330 millones a la Junta por heredar, a la espera de conocer el balance total que incluya diciembre.

«No hay nada político detrás de nuestra plataforma, llevábamos un año en contacto por las redes sociales muchos afectados. Sí creo que es un buen momento para que nos hayamos asociado por la próxima reunión de la armonización fiscal que se va a celebrar en Madrid», señala en alusión al debate abierto en la VI Conferencia de Presidentes autonómicos. En ella, la presidenta de la Junta, Susana Díaz, avanzó su petición de que se «fijaran tramos», como ocurrió con el IRPF. La respuesta de la consejera de Hacienda ante el gran revuelo mediático formado ha sido culpar al Gobierno central, asegurando que «el problema es que el Estado no da a Andalucía suficiente dinero para financiarse», obligándole a hacer uso de una capacidad normativa que «genera mucha desigualdad». Valverde, por su parte, considera que la actitud de la Junta constituye un «expolio institucional» y la acusa de «atacar el bolsillo del difunto».

Mientras se resuelve una situación que puede demorarse años, desde Stop Impuesto Sucesiones animan a los futuros afectados a anticiparse al momento de la herencia y aplicar la «ingeniería fiscal». «Se pueden dividir los bienes entre más familiares o tener cuentas compartidas con las personas de las que se va a heredar, figurando como cotitular», desliza. De esa forma, se evitaría alcanzar el máximo exento, ampliado el pasado año de 175.000 a 250.000 euros por heredero. Porque, advierte, una vez que la persona ha fallecido las posibilidades de minimizar el pago se reducen. No obstante, ofrece algunos consejos para evitar riesgos en el momento de aceptar la herencia: «Lo primero es hacerlo a título de inventario, es algo muy sencillo que garantiza que en un futuro la persona responda de la deuda con con los bienes heredados, no con los propios». A partir del instante en que se asume la herencia ante un notario, se recibe tanto el activo como el pasivo. «El problema hoy en día al aceptar las propiedades, sobre todo familiares de segundo grado –sobrinos, por ejemplo–, es que se están aceptando los valores catastrales que calcula la Junta, a los que hay que añadir un 3% de ajuar aunque la vivienda esté vacía», explica el portavoz de la plataforma. «Y si no haces frente al pago correspondiente te pueden embargar tanto los bienes heredados como los tuyos», advierte.

En apenas mes y medio de vida, «unas treinta mil personas» se han adherido a la asociación, según su presidente, que considera que constituirse como un movimiento grupal les beneficia de cara a sus reivindicaciones. «Nos dimos cuenta de que como casos aislados nos trataban con la punta del pie a la hora de intentar conseguir un posible acuerdo. Como asociación tenemos más fuerza y podemos contar con letrados especializados. Uno de los problemas es que un amplio sector de la población, sin conocimientos legales, recurre a asesoramiento equivocado».

Valverde señala las mayores dificultades con el impuesto cuando se transmiten propiedades. «Si heredas efectivo, te pueden quitar hasta el 40%, pero al menos tienes ese dinero. El problema es cuando se trata de inmuebles, que no encuentran salida en el mercado porque la Junta los valora muy por encima de su precio y tampoco se pueden vender porque te inmoviliza los bienes. Es una sinrazón constante: al final, si te lo quitan y lo sacan a subasta, lo venderán y como no alcanzan a cubrir esa cantidad, estarás hipotecado con la Junta y le seguirás debiendo dinero. Es algo kafkiano». «¿Por qué expolian al pueblo?, ¿por qué no van contra quienes se han quedado el dinero público de otras formas?», se pregunta.