Agricultores que abuchearon a Díaz: «Nos sentimos acosados y engañados»

Anuncian nuevas protestas ante un desbloqueo del agua que no llega

Saltaron a la actualidad informativa al ritmo que arreciaban sus gritos y abucheos hace unos días a la presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, en una visita que ésta realizó a San Juan del Puerto (Huelva), y hoy fuentes de ese colectivo de agricultores aseguran «sentirse acosados» y «engañados de nuevo». Lo primero responde a un motivo: «Los agentes de Medio Ambiente de la Junta están viniendo a nuestras casas a traer las cartas de las denuncias que nos han puesto. Esperan incluso en las puertas a que llegue la gente, si está fuera, para dárselas y da igual la hora que sea, desde las 9 de la mañana a las 5 de la tarde», aunque «se hayan mandado siempre por correo», critican. «Esto no lo hemos visto en la vida y nos parece un poco exagerado, la verdad», relatan a LA RAZÓN. El «engaño» está ligado a una cierta alarma colectiva: las concesiones de agua para casi 200 explotaciones agrícolas del área de los municipios onubenses de Moguer, Lucena del Puerto y Bonares siguen sin desbloquearse, pese a que desde el Gobierno andaluz trasladaron a la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado que sería algo «inmediato». «Nos dijeron que tardarían diez días, que se cumplían un lunes, luego que el viernes como muy tarde, y ahora que no hay fecha para dar el agua. Hay muchos agricultores que no podrán sembrar las fresas porque no van a poder preparar las tierras para hacerlo. Ya es seguro en muchos sitios», lamentan estas fuentes.

Explican que «el consejero –de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal– se reunió con la plataforma, le enseñó unos papeles que tenía que mandar al Gobierno central y le aseguró que era cuestión de horas» que los regantes pudieran contar con el agua, pero no ha sido así. «Antes era que aquí está el PSOE y allí estaba el PP –en los ejecutivos central y autonómico, respectivamente– y ahora parece ser que son el abogado de la Junta y el abogado del Gobierno –de la Nación– los que no se ponen de acuerdo», desvelan.

En ese escenario, desde el mencionado grupo de agricultores se atreven a aseverar que creen que el hecho de que el grifo siga cerrado obedece a «una estrategia». «Es el tiempo de sembrar las fresas, por ejemplo, y pensamos que están intentando que pasen los días para que no se pueda hacer. Saben cuándo tienen que cortar el agua para hacer daño», argumentan, para insistir en que la tardanza es «intencionada» y tiene un fin: «Que se queden tierras vacías y no se puedan cultivar», resumen. Por ello anuncian que volverán a la acción en la calle: «La semana que viene seguramente que aparezcamos por algún lado», adelantaron a este periódico. Esto con independencia de que desde la plataforma también barajan la posibilidad de armar nuevas protestas como una tractorada o movilización de vehículos agrícolas en vías públicas. El calendario se concretará en una asamblea general que la entidad tiene previsto celebrar el próximo martes, 11 de septiembre. Parte del campo onubense sigue en pie de guerra.

Una pescadilla que se muerde la cola

Este colectivo de agricultores sabe que la mayoría de los hechos vinculados a las denuncias que reciben están penalmente prescritos, como reconoció la Fiscalía, pero sus integrantes están preocupados porque «seguirán adelante por la vía administrativa». Y lanzan una pregunta a navegantes: «Si te obligan a arrancar lo sembrado o te quitan las tierras y te quedas sin forma de obtener recursos económicos, ¿cómo esperan que podamos pagar las multas de 60.000 u 80.000 euros que nos están poniendo?». Son conscientes de que sus modos pueden resultar toscos, pero también de lo que, a su juicio, está en juego: «No podemos dejar que nos hundan de por vida para que no levantemos cabeza», manifiestan.