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SEVILLA- La juez del «caso de los ERE», Mercedes Alaya, ha impuesto fianzas de entre 148.912 euros y 847.501 euros a seis personas que intervinieron en las ayudas al Matadero de Fuente Obejuna (Córdoba), conseguidas mediante 18 contratos falsos y donde aparecieron tres «intrusos» que nunca trabajaron en la empresa.

La juez, en un auto al que tuvo acceso Efe, relata que los cien trabajadores del matadero, que estaba en suspensión de pagos, habían agotado las prestaciones por desempleo tras su ERE de 1998. Por mediación del «conseguidor» Juan Lanzas, un colectivo de trabajadores que no habían conseguido recolocarse fueron «subidos a un autobús» y trasladados a la localidad de Bélmez, donde la empresa Técnicas Agrícolas Ecológicas, propiedad de un amigo suyo, les hizo 18 «contratos de trabajo a todas luces falsos». Dicha empresa era propiedad del imputado Juan José Viedma, que invitaba a Lanzas a cazar en su coto, y como recompensa, la hija del dueño, Juana Pilar Viedma, y su compañera sentimental, Adoración Navarro, fueron incluidas como «intrusas» en la póliza firmada para los trabajadores del matadero. Otra irregularidad fue la de Florencia Romero, esposa de Manuel Granado, presidente de la asociación creada por los trabajadores del matadero, quien ya se había beneficiado de dos pólizas anteriores que le garantizaban 113.306 euros. El 1 de abril de 2007 suscribió una nueva póliza por la que se garantizaba 102.071 euros «procedentes de los fondos públicos sin tener derecho a ello y sin que la inculpada hubiese hecho solicitud alguna para obtener esta prebenda», según el auto.