Alaya reabre la causa y no descarta «en absoluto» un delito de prevaricación

Pone el acento en el «elevado número de omisiones e incumplimientos del procedimiento».

La sección séptima de la Audiencia de Sevilla ha dictado un auto en el que estima el recurso interpuesto por la empresa Emerita Resources España –que perdió el concurso de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar en favor de la agrupación México-Minorbis– contra la decisión de la jueza Patricia Fernández, que archivó el caso el pasado mes de diciembre. La postura se ha adoptado por unanimidad de los cuatro jueces que han participado en la deliberación, entre los que se encuentra la magistrada Mercedes Alaya. De esta manera, la Audiencia ordena reabrir la investigación para dilucidar si la Junta cumplió el procedimiento administrativo de contratación, un caso que le estalló a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, en plenas negociaciones para su investidura en mayo de 2015, a raíz de que la misma magistrada asegurara que la adjudicación se había llevado a cabo «sin el más mínimo rigor».

Este nuevo auto, al que tuvo acceso LA RAZÓN, pone el acento, tras una exhaustiva argumentación, en el «elevado número de omisiones e incumplimientos relevantes del procedimiento por parte de la Administración autonómica, indiciariamente arbitrarios». Por ello, en el actual estado de la causa, «no se puede descartar en absoluto que los hechos pudieran ser constitutivos, entre otros, de un delito de prevaricación». En el procedimiento de adjudicación, ahonda el documento, «era exigible un plus de transparencia y de rigor en la actuación administrativa, ya que se trataba de una zona, la reserva minera de Aznalcóllar, donde ocurrió uno de los mayores desastres ecológicos de nuestro país». Igualmente, recuerda que la ex directora general Industria, Energía y Minas María José Asensio, dijo en su declaración judicial que «este concurso era un procedimiento muy relevante para la Junta de Andalucía, ya que se partía de un recurso de inconstitucionalidad y de un conflicto de competencias por parte del Estado, que finalmente acordó delegar en la Junta la convocatoria del procedimiento de concurrencia competitiva para la reapertura de la mina». Como conclusión, los cuatro magistrados hallan «indicios de ilegalidades severas y arbitrarias de dicho procedimiento administrativo».

Este nuevo varapalo a la Junta fue recibido con cautela. De hecho, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio emitió un comunicado en el que señaló que «la investigación se ciñe exclusivamente a cuestiones administrativas, nada más, y no existen caudales públicos afectados». En este sentido, aseguró que el auto «no afecta en modo alguno a su adjudicación, ni suspende la actividad industrial y minera que allí se está desarrollando». También aprovechó la oportunidad para recordar que, hasta el momento, se han invertido en la actividad minera 5,5 millones de euros y México-Minorbis mantiene allí 178 trabajadores. Las empresas auxiliares se elevan a 25, según la Junta.

Por su parte, fuentes de la defensa de Emeritas Resources España mostraron su satisfacción por el auto y aseguraron que actualmente «no se están haciendo trabajos en la mina».

CRONOLOGÍA

FEBRERO DE 2015

La Junta adjudica la explotación de la mina al consorcio México-Minorbis.

MARZO DE 2015

La otra empresa aspirante, Emerita Resources, denuncia el procedimiento, por lo que la jueza abre una investigación.

MAYO DE 2015

La magistrada emite un auto en el que asegura que «no se observa el más mínimo rigor en la actuación de la Administración». La Junta paraliza la adjudicación.

NOVIEMBRE DE 2015

La jueza archiva la causa, en la que había siete imputados, entre ellos la ex directora general de Industria, Energía y Minas María José Asensio, que fue apartada de su cargo tras la imputación inicial. En diciembre se confirma el archivo de la causa.