Anulan las fianzas por 19 millones a siete directivos de IDEA

La Audiencia Provincial de Sevilla ha anulado las fianzas de responsabilidad civil por valor de 19 millones que la jueza Mercedes Alaya impuso en septiembre de 2014 a siete miembros del Consejo Rector de la agencia IDEA imputados en el caso de los ERE, destacando el caso del ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez, a quien laa juez impuso una fianza de 10,7 millones.

En un auto fechado el 20 de noviembre, la Sección Séptima de la Audiencia –precisamente en la que está ahora Alaya– deja sin efectos también las fianzas impuestas al ex secretario general de Industria y ex presidente de El Monte José María Bueno Lidón, al que Alaya impuso una fianza de 2,5 millones, y al ex director general tecnológico e Incentivos de la Consejería de Empleo Manuel López Casero, que debía hacer frente a una fianza de 2,2 millones. Igualmente, anula las fianzas civiles impuestas al ex viceconsejero de Relaciones Institucionales Juan Carlos Soriano –1,8 millones–; al ex director de Industria de la Consejería de Empleo Jesús Nieto González –un millón–; al ex viceconsejero de Agricultura y Pesca Juan Paniagua –537.333 euros–, y al que fuera presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Joaquín Moya-Angeler, a quien Alaya impuso una fianza civil de 153.333 euros. La Audiencia precisa que Alaya impuso dichas fianzas civiles a todos los imputados por ser miembros del Consejo Rector de IFA/IDEA con la excepción de Jesús María Rodríguez, «a quien se impone fianza pecuniaria en atención a sus cargos de viceconsejero de la Consejería de Innovación y vicepresidente de IDEA». Al hilo de ello, y respecto a los vocales del Consejo Rector, la Sala argumenta que todos ellos «tenían conocimiento de que a través de los convenios que aprobaban con su voto afirmativo daban carta de naturaleza a que se abonara mediante las transferencias de financiación ayudas sociolaborales que debían haber sido, en su caso, tramitadas en expedientes de subvenciones conforme a la normativa que regulan las leyes estatal y autonómica en esta materia».