Así arruinó la Junta de Andalucía una empresa tecnológica pionera

La idea de los españoles de crear un dron era tan innovadora que por aquél entonces ni tan siquiera se utilizaba la palabra dron. La Junta de Andalucía la arruinó.

Iván realizó su último año de Informática, gracias al programa ERASMUS, en Lausanne (Suiza). Allí, entre montañas, fondues y relojes de cuco, desarrolló en el año 2009, mucho antes de la moda voladora, un dron capaz de detectar ventanas en edificios, para poder entrar en los mismos. Lo hizo junto a su compañero y posterior socio, Antonio. La idea de los españoles era tan innovadora que por aquél entonces ni tan siquiera se utilizaba la palabra dron. Se llamaban Unnamed Aerial Vehicle (UAV). Y se dieron cuenta de su potencial.

Por ello, ya de vuelta en España, se decidieron a buscar financiación para lanzar una start-up basada en el desarrollo de drones. Para poner en marcha el proyecto, relata Iván a LA RAZÓN, era necesario acometer un periodo de I+D. Había que desarrollar los prototipos. A la idea de los jóvenes se sumaron un catedrático de la Universidad de Granada, experto en Inteligencia Artificial, y otro de la Universidad de Málaga, experto en Electrónica. La inversión inicial necesaria se calculó en 250.00 euros. Perfecto para las ayudas que la Junta de Andalucía concedía a través del programa CAMPUS, que les permitía acceder a 200.000 euros.

Por eso, una vez estudiadas todas las posibilidades, se reunieron con la Agencia IDEA, a la cual presentaron su Plan de Empresa. La solicitud del préstamo participativo (se paga con los beneficios del proyecto) fue aprobada en marzo de 2011. Ahí comenzó su calvario. Al ir a firmar la póliza del préstamo las condiciones que figuraban en el mismo no eran las acordadas. Ya no había 200.000 €, sino tres tramos de préstamo: dos de 80.000 a la justificación de la primera inversión y 40.000 euros al hacerlo con la segunda. Aún así, firmaron. Ellos, por su parte, aportaron 40.000 euros.

La empresa ganó los concursos de Jóvenes Emprendedores de Bancaja, el de la revista Emprendedores y el premio al mejor spin-off de la Universidad de Granada. Así, lograron ampliar en más de 30.000 euros la financiación para terminar el primer prototipo a los ocho meses, como se contemplaba en el Plan de Empresa.

“Cuando quisimos cobrar en enero de 2012 la segunda parte del préstamo no había dinero, por lo que la Junta hizo lo imposible para retrasar el pago”, denuncia. La plataforma informática a la que había que subir las facturas, no funcionaba. Una denuncia en la que coinciden decenas de afectados que se han unido en AIDA. Una vez logrado el objetivo, desde la Fundación IDEA “nos dijeron que las partidas no coincidían exactamente con las del Plan de Empresa. Evidentemente, es muy difícil prever las partidas que va a necesitar un proyecto de investigación de dos años”, rememora. “Tras agotar el dinero de los socios y lo obtenido por concursos, veíamos cada vez más cerca el tener que tomar la difícil decisión de cerrar”. Y es que la Junta había comprometido el pago en tres meses, pero nueve meses después no llegaba el dinero ni les daban una fecha orientativa. Aún así, confiando en su proyecto, los emprendedores aportaron 30.000 euros adicionales. “Ya teníamos cerradas reuniones con posibles inversores a través de un programa de la EOI”, explica. La falta de pago provocó la marcha de trabajadores necesarios, lo que desencadenó un efecto dominó que llevó a la empresa a presentar concurso voluntario de acreedores. “La Agencia IDEA no se personó ni en el juicio ni presentó alegación alguna”, denuncia.

Dos años después, IDEA inició un expediente contra los administradores, exigiendo la devolución del préstamo. Al mismo tiempo, la Junta de Andalucía derivó la supuesta deuda a la Agencia Tributaria, que les reclamó 232.046,60 euros. 160.000 se correspondían a lo recibido, el resto a intereses. Recurrieron y la Agencia Tributaria les dio la razón. Fue entonces cuando la Junta de Andalucía inició el expediente de derivación de responsabilidad, exigiendo 193.373 euros. El recurso no ha sido resuelto aún.

“Lo irónico es que deberíamos de ser nosotros quienes reclamasen a la Junta de Andalucía por los daños y perjuicios que nos causaron”, se indigna Iván.