Bruselas pide ahora a la Fiscalía información sobre la empresa pública

SEVILLA- La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha pedido información a la Fiscalía Anticorrupción española para decidir si investiga las ayudas de la sociedad pública andaluza Invercaria, tal como pidió el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Fuentes del caso confirmaron ayer a Efe que la OLAF, con sede en Bruselas, estudia en este momento si los hechos denunciados por el TSJA entran dentro de sus competencias para actuar y si dispone de información suficiente para abrir una investigación.

La oficina antifraude está analizando los aspectos denunciados en la sentencia del TSJA y ha solicitado datos a Anticorrupción, cuyos fiscales están personados en la causa abierta por el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla contra Invercaria.

Esta actuación es consecuencia del fallo que la Sala de lo Social del TSJA emitió en junio de 2013, cuando declaró improcedente, pero no nulo, el despido del directivo de Invercaria Cristóbal Cantos y negó a éste una indemnización de 300.000 euros. El TSJA acordó, además, denunciar ante la OLAF a Invercaria por el reparto de fondos Jeremie de la Unión Europea, destinados a pymes, que según la sentencia se otorgaban «sin publicidad y sin que tuviera procedimiento regular para determinar los requisitos de los beneficiarios, las condiciones de los préstamos, los importes y la fijación del interés».

La empresa, según entendió el Alto Tribunal andaluz, «carecía de elementos para que la Cámara de Cuentas pudiera emitir una conclusión sobre la idoneidad de las inversiones realizadas, tanto como que en un solo año, de cinco empresas en las que se invierte, tres estaban en pérdidas y una en concurso, y ello suponía el 40,14 por ciento de la inversión total de Invercaria en el año 2009».

En ese sentido, el TSJA añadió que no existía «indicio alguno de represalia» ni de que Cantos «fuera presionado u hostigado» por sus superiores en la entidad pública, y afirmó que él mismo elaboró informes sobre irregularidades en los fondos Jeremie, «cuando el recurrente había colaborado en los mismos». Además de notificar el caso a la OLAF, el Alto Tribunal autonómico acordó denunciarlo ante el juzgado decano de Sevilla por la posible «relevancia penal de los hechos declarados probados en la sentencia».

El juzgado número 16 de Sevilla ha abierto una pieza separada para cada una de las veinte empresas en las que invertía la empresa de capital Invercaria.