C’s insta a la Junta a solucionar el problema de las sustituciones en los comedores escolares

El Grupo de Ciudadanos (C’s) en el Parlamento de Andalucía ha registrado una pregunta en la Comisión de Educación en la que insta al Ejecutivo autonómico a actuar para solucionar la problemática de las sustituciones en los comedores escolares gestionados directamente por la Consejería de Educación.

El conflicto, según explican en la cuestión, consultada por Europa Press, los diputados de C’s Marta Escrivá, Isabel Albás y José Antonio Funes, obedece a que en los centros educativos que tienen servicio de comedor gestionado directamente por la Junta se están dando casos en los que las bajas del personal de cocina “no se cubren con la agilidad que debería”.

Ello, añade la formación naranja, ha dado lugar a casos en los que se ha tenido que suspender el servicio de comedor, con el consecuente “trastorno” que ocasiona tanto para niños como a padres y profesores.

Meses atrás, por otra parte, el sector de empresas de ocio educativo de Andalucía solicitaba a los órganos de contratación que tengan en cuenta el reconocimiento de los comedores escolares de gestión directa en el II Convenio de Ocio Educativo y Animación Sociocultural, al objeto de evitar “precarizar” el sector y limitar las adjudicaciones cuyas ofertas deriven en bajas temerarias por no poder cumplir el convenio sectorial.

La gerente de la Asociación Andaluza de Empresas Educativas, Culturales y de Ocio (Aaeeco), Beatriz Talaverón, ha explicado a Europa Press que, tras presentar una consulta ante la Comisión Paritaria del Convenio para determinar si el ámbito funcional es de aplicación a este servicio, la respuesta fue que no sólo se reconoce el ámbito de aplicación del convenio, sino que la figura a contratar es la del monitor de ocio y tiempo libre.

Asimismo, se manifiesta en su respuesta que “la tarea educativa es consustancial en las funciones establecidas en los servicios de comedor escolar”, reforzando así la identidad educativa del servicio.

Si bien la administración no tiene obligación de reflejar el convenio en el pliego, sí la tiene de “ser responsables y comprobar si la oferta es temeraria y si se cumple la norma laboral”, ha recalcado Talaverón, que se congratula del efecto positivo que ello tendrá sobre profesionales a los que no se le reconoce la categoría laboral y cobran menos, y, por ende, sobre la calidad del servicio.