Cae una red que defraudó diez millones en el IVA de hidrocarburos

El cabecilla de la trama se valía de framiliares y amigos para estafar

La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desarrollado una operación conjunta que ha permitido desarticular una organización criminal que habría defraudado más de diez millones de euros en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) asociado a la compraventa de hidrocarburos con el arresto de 12 personas, nueve de ellas en Málaga; y otras tres en Granada, Sevilla y Barcelona, respectivamente.

Se les imputan un presunto delito fiscal, de estafa, tenencia ilícita de armas, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales, cometidos entre finales de 2016 y principios de 2017, cuando se inició la investigación. El operativo, denominado «Baresi», ha posibilitado además la intervención de 1,9 millones de euros que han sido bloqueados en diversas cuentas bancarias, y se han trabado embargos sobre más de 60 inmuebles que superan los 12 millones de euros, incluidos un hotel, más de 20 automóviles de alta gama, y más de 100.000 litros de combustible, entre otros efectos.

Los arrestados han quedado en libertad con cargos, imponiéndoles el juez encargado de la instrucción del caso determinadas medidas cautelares.

La operación policial comenzó en 2015 cuando los investigadores tuvieron conocimiento de un grupo asentado en la provincia malagueña, con influencia de otras provincias, dedicado a diversas actividades ilícitas a gran escala y que podría estar preparando su incursión en el sector de hidrocarburos.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, aplaudió ayer la «rápida» actuación de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, cuyo delegado en la provincia, Juan Rico, explicó que cuando a principios de 2017 se detecta esta defraudación del IVA, de forma «muy inmediata», se puso rápidamente en conocimiento del juzgado, que acuerda en marzo «el auxilio» de la propia Agencia y centró sus pesquisas en la averiguación de la ocultación de los fondos asociados a estas prácticas.

MODUS OPERANDI

Según Rico, el supuesto fraude se realiza en la fase de transmisión del combustible entre el operador y los distribuidores minoristas, «que son gasolineras, estaciones de servicio o almacenes fiscales»; y añadió que la defraudación no se produce en el impuesto especial, que lo ingresa el titular del depósito fiscal, sino «cuando el operador pone a la venta el combustible».

En ese momento es cuando los integrantes de la red «repercuten el IVA, pero no lo ingresan porque ya han introducido el combustible en el mercado a un precio inferior», lo que conllevaría un posible delito contra la Hacienda Pública agravado.

El entramado simulaba operaciones inmobiliarias con el objetivo último de blanquear los beneficios de sus actividades ilícitas y paralelamente vaciaba sus distintas cuentas bancarias y creaba nuevas estructuras empresariales para evitar el seguimiento de los fondos.

Por su parte, el comisario provincial, Francisco López, apuntó que una empresa ha liderado la supuesta trama, al frente de la cual se situó una persona con antecedentes por estafa y que presuntamente se valdría de familiares –tres hijos y un sobrino– y de amigos como testaferros para las otras 12 sociedades que supuestamente participan en la mecánica.