Cerco a las empresas pantalla de los ERE: a prisión un testaferro de Lanzas

El juzgado encargado del caso de los ERE fraudulentos está cerrando el círculo de una de las principales líneas de investigación que se mantiene actualmente bajo secreto de sumario, relativa al destino final de las ayudas del «fondo de reptiles» y cómo el dinero de las «sobrecomisiones» se introducía en el circuito financiero a través de «empresas pantalla». El último paso ha sido la detención por parte de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de Juan Francisco Algarín Lamela, al que la juez sustituta de Mercedes Alaya, Ana Rosa Curra, envió ayer a prisión provisional, comunicada y sin fianza. Algarín es presuntamente uno de los dos testaferros u hombres de paja de uno de los principales cabecillas de la trama, el «conseguidor» y ex dirigente de UGT Juan Lanzas, también imputado en el caso, aunque aún no ha declarado en el juzgado, y prejubilado irregularmente junto a su mujer en la empresa Hitemasa.

La juez acordó el ingreso de Algarín en Sevilla I tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción, recoge Europa Press. Le imputa cinco delitos: cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales. La detención por parte de agentes de la UCO se produjo el lunes. Compareció durante más de cinco horas ante los efectivos de la Guardia Civil, reconociendo, según apuntó ayer la cadena SER, que habría llevado sobres con dinero desde Mercasevilla y bares próximos a la Consejería de Empleo, en la Avenidad de Hytasa de la capital hispalense, hasta una cafetería en los bajos de la Delegación de Empleo. El dinero se lo entregaban en Mercasevilla, señaló, el ex subdirector de la lonja Daniel Ponce y la secretaria María Regla Pereira. Ponce ha sido recientemente condenado a 21 años de inhabilitación y 600.000 euros de multa por un delito de cohecho. El delegado de Empleo en aquel momento era Antonio Rivas, sobre el que ha recaído la misma pena en el caso Mercasevilla. Algarín aseguró, según la SER, que era Lanzas quien le mandaba hacer de correo del dinero, así como que el testaferro firmó dos talonarios en blanco para Lanzas y numerosas facturas que le pasaba el otro supuesto testaferro, Eduardo Leal.

Detalló, asimismo, según este medio, que a veces el dinero lo llevaba en fundas de ordenadores portátiles con billetes de 500 y 200 euros. En una ocasión fue incluso a Madrid para entregarle dinero a Antonio Albarracín, también imputado y ex director comercial de la mediadora Vitalia.

Tras la declaración ante la UCO, fue puesto a disposición del juzgado de guardia de detenidos, el de Instrucción número 4, que le tomó declaración. Posteriormente compareció ayer por la mañana ante la juez sustituta del Juzgado de Instrucción número 6, que fue quien dictó el auto de prisión sin fianza. Contrasta el auto de prisión con las decisiones adoptadas por Alaya en la última ronda de comparecencias. A otros ex altos cargos imputados que desempeñaron un papel central en el caso como los ex directores generales de Trabajo Daniel Alberto Rivera o Juan Márquez; y el ex viceconsejero Agustín Barberá, Alaya, de baja hace cuatro meses por enfermedad, decidió dejarlos en libertad con cargos, ya que la Audiencia provincial había revocado la prisión sin fianza de los primeros encarcelados. En este caso, sin embargo, todo apunta a que ha pesado el secreto de sumario en esta línea de investigación.

La declaración, y la pista del dinero, va en la línea de lo que ya apuntó ante la juez Mercedes Alaya Juan Francisco Trujillo, el que fuera chófer del ex director general Francisco Javier Guerrero. Trujillo aseguró que fue al menos en dos ocasiones a Madrid para recoger de Antonio Albarracín sobres «con billetes grandes».

Para la introducción y lavado del dinero de las sobrecomisiones en el «circuito financiero» –así se expresaba la UCO en un oficio del 21 de septiembre– cumplían un papel fundamental tres empresas pantalla dedicadas a la mensajería, Estudios Agenciales SL, Distripack Transporte Urgente SL y Atrado Mensajería, presuntamente utilizadas por el «conseguidor» Juan Lanzas, el gabinete Estudios Jurídicos Villasís –donde también trabajó Lanzas– y la mediadora Vitalia. El detenido es administrador solidario de Distripack Transporte Urgente SL. Según el oficio de la UCO, el detenido habría cobrado 362.500 euros a través de 12 cheques entre 2004 y 2007. Algarín tiene 48 años y estaba en un centro de acogida, llevando a cabo un proceso de rehabilitación.

El otro presunto testaferro es Eduardo Leal del Real. La información que maneja la Guardia Civil apunta a que habría cobrado 47 cheques que rondarían los 1,5 millones de euros entre 2003 y 2007. Para ir cerrando el círculo la Guardia Civil ha recabado de las asesorías jurídicas de entidades bancarias movimientos, titularidad de cheques presentados al cobro e información contable.

Una de las equis que queda por despejar es si parte de ese dinero de las comisiones retornaba hacia altos cargos implicados en la trama corrupta.

Fernández demanda al Consejo del Jerez

El ex consejero de Empleo Antonio Fernández, en libertad tras pagar 450.000 euros de fianza, ha presentado una demanda contra el Consejo Regulador del Vino de Jerez por considerar improcedente su salida del mismo a raíz de que se ordenara su ingreso en prisión preventiva por parte del juzgado que investiga el caso de los ERE. Fernández es el principal imputado en la trama. La juez le impuso una fianza por responsabilidad civil de 807 millones de euros.