Cerco a las prospecciones petrolíferas que «amenazan» el Mediterráneo

Bravo sostiene que para garantizar la conservación de los valores naturales de ese corredor el Ministerio de Agricultura, debe aprobar una Orden ministerial que le dé soporte normativo.

Nacida en mayo en 2013 en Ibiza y Formentera, la Alianza Mar Blava pelea por incrementar la protección del mar Mediterráneo, acabar con la «amenaza» que los proyectos de prospecciones petrolíferas actualmente en tramitación suponen para la economía y el medio ambiente y avanzar hacia una «mayor sostenibilidad» del sistema energético. Se trata de una plataforma intersectorial constituida ya por más de un centenar de miembros tanto administraciones públicas –entre ellas el Govern balear, consells insulares de Formentera, Ibiza, Menorca y Mallorca, diversos ayuntamientos de estas islas y el Consistorio de Barcelona–, como entes del sector privado y de la sociedad civil, entre ellas organizaciones ecologistas o sindicatos. Pero su alma mater y coordinador técnico, Carlos Bravo, quiere seguir poblando el ensueño para convertirlo en realidad. Con ese propósito, el pasado 26 de septiembre mantuvo una reunión con el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, José Fiscal, a la que asistió también el conseller de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca del Govern balear, Vicenç Vidal. En ese encuentro, los representantes de la Alianza trasladaron a Fiscal en esencia dos peticiones: de un lado que el Ejecutivo regional se sume a quienes ya apoyan que se inste al Gobierno central a que declare por ley el Mediterráneo español, que baña las costas de Cádiz, Málaga, Granada y Almería, área libre de prospecciones de hidrocarburos y, de otro, que respalde la declaración del Corredor de Migración de Cetáceos de dicho mar como Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) en la Conferencia de las Partes del Convenio de Barcelona en 2018.

Bravo sostiene que para garantizar la conservación de los valores naturales de ese corredor «el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) debe aprobar de forma inmediata una Orden ministerial que le dé soporte normativo y que establezca, entre otros, un riguroso régimen de protección preventiva, adoptando en él medidas estrictas de gestión de las actividades productoras de ruidos submarinos en la zona» al poder provocar éstos que los animales se desorienten e incluso acaben muriendo. Unas actuaciones que deberían mantenerse en vigor hasta «la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión de la propia ZEPIM», explica a este periódico.

Tras el dibujo de situación, el consejero andaluz comunicó a los representantes de la Alianza que veía con «interés y simpatía» las propuestas que le plantearon, si bien, les comunicó que las trasladaría «a Presidencia» antes de contestarles, según ha podido saber LA RAZÓN. La espera de esa respuesta será activa, ya que han concertado una cita similar a la que se produjo en Sevilla con miembros de la Generalitat de Valencia que se celebrará en breve. En abril la tuvieron con la Generalitat de Cataluña que acabó aprobando sus demandas. La fuerza crece.