Confirman la fianza triplicada de 65,9 millones a Fertiberia para “meter debajo de la alfombra los fosfoyesos”

El Supremo rechaza el recurso que la química interpuso contra la ampliación del depósito

Nuevo varapalo judicial a Fertiberia, empresa cuya actividad industrial provoca unos residuos llamados fosfoyesos que se acumulan en balsas en Huelva. La química deberá depositar una fianza de 65,9 millones de euros para garantizar la restauración de la marisma onubense, más del triple de los 21,9 que fijó de origen la Audiencia Nacional en un auto fechado el 14 de diciembre de 2009. ¿Qué ha pasado desde entonces? La organización WWF recurrió al entender que esa cuantía no era suficiente para acometer un proyecto de recuperación de la zona afectada con garantías y la Audiencia Nacional le dio la razón y la elevó hasta los mencionados 65,9 millones, vía otro auto del 21 de julio de 2015; pero la química decidió entonces pelear judicialmente contra el alza del depósito. Ahora, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha acordado «declarar la inadmisión» del recurso de casación presentado por Fertiberia contra la ampliación de la fianza, con lo que su elevación ya es firme.

El Supremo deja claro en su auto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, que «la prestación de garantía» por parte de la empresa «ya estaba decidida» y la única «discrepancia del recurrente» era la «elevación del ‘quantum’» de su incremento, lo que, asevera la sala «no es susceptible de recurso de casación, salvo en determinados casos», que no incluyen éste.

Desde WWF, que inició la batalla legal en torno a los fosfoyesos «en el 2000», como recordó ayer a este periódico su abogada Rita Rodríguez, celebraron el auto del TS, al entender que contribuirá a que Fertiberia comience a asumir su responsabilidad por los daños ambientales causados con su vertido de fosfoyesos y a que se lleve a cabo la «ejecución completa del plan de restauración» del espacio en el que se apilan las balsas. Si bien, la organización comparte con otras entidades de corte ambientalista como Ecologistas en Acción, Greenpeace o la Mesa de la Ría, que la solución planteada, que conlleva no la retirada de los residuos sino su cobertura, puede «plantear problemas en el futuro», debido a la naturaleza del terreno a tapar y a su localización.

De momento, el director de las instalaciones de Fertiberia en la capital onubense, Roberto Ibáñez, aseguró tras conocer la resolución del Supremo que la mercantil «cumplirá estrictamente» con ella. En declaraciones a Europa Press, recalcó que acatarán «las obligaciones administrativas» y complementarán «todos los trámites» que les sean requeridos.

El Gobierno andaluz también reaccionó a la noticia. Su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, la valoró positivamente. «Nos parece una buena noticia el aumento de la fianza para retirar los lodos contaminantes», sostuvo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de ayer, para añadir que, en lo «tocante» al Ejecutivo autonómico, en concreto a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, la química tendrá que obtener «una autorización ambiental de los trabajos». Punto en el que Vázquez adelantó que la Junta será «muy exigente» para que se cumpla el auto y para que así «se garantice la calidad de vida de los ciudadanos de Huelva».

Denuncias en la UE

La historia de las más de 120 toneladas de fosfoyesos onubenses, que para los ecologistas se pretenden «meter debajo de la alfombra en lugar de eliminarlos», no incluye sólo batallas en los tribunales. Diversos colectivos han elevado también el asunto a Bruselas, entre ellos la propia WWF, que denunció la vulneración de directivas comunitarias. Es más, inspectores del Comité de Infracciones de la Comisión Europea (CE) vieron a pie de marisma «los vertidos de lixiviados de las balsas», conducidos por miembros de Greenpeace y de la Mesa de la Ría, entidades que también han presentado en la órbita de la UE distintas denuncias y quejas ligadas a los polémicos residuos.