Conciliación

Denuncian que recetan un pañal al día para los dependientes

La Razón
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La Junta de Andalucía da nuevos pasos en los recortes en lo que respecta a la Ley de Dependencia. Así lo asegura Rosa María Guijo, portavoz de los afectados por los retrasos en los pagos, que ahora se movilizan «online» en Facebook bajo la plataforma «Atrasos de la Ley de Dependencia en Andalucía», que mantiene que el nuevo ajuste llega en la prescripción de pañales para grandes dependientes. Cuenta el caso de su hija, con un 89% de minusvalía, a la que le recetan un pañal por día, cuando antes lo habitual era que «te recetaran la cantidad suficiente para que, al menos, pudieras cambiarla tres veces diarias».

Esta mujer, que se pasa «las 24 horas del día» atendiendo a su hija pero a la que la Administración ya no le abona las cuotas a la Seguridad Social como pasaba antes de los recortes, asegura que en una ocasión se le acabaron los pañales y fue a la farmacia a comprarlos, pero en la tarjeta sanitaria no estaba aún la receta correspondiente, por lo que se acercó al centro de salud y allí la enfermera le indicó que la cantidad era menor a lo recetado hasta entonces. «Lo habitual son paquetes de 80 pañales, pero los han reducido para abaratar costes». Para su sorpresa, en el ambulatorio le indicaron que limitara a uno los pañales usados al día, una solución «que no cabe en cabeza humana» y más en una casa que recibe una ayuda de 440 euros, ya que su hija tiene el grado máximo de dependencia.

La solución a su problema llegó en el momento en el que quiso poner una reclamación. «Entonces, la enfermera, que conoce desde hace años nuestro problema, accedió a recetarme una cantidad superior, pero en el resto de Andalucía seguro que no hay gente con mi misma 'suerte'», cuenta, mientras señala que su hija tiene una rebaja en el precio de los medicamentos igual que la que disfruta un trabajador que cobra un salario de 18.000 euros.

Junto a este problema, el otro caballo de batalla de esta mujer incansable es cobrar los atrasos que les debe la Junta de Andalucía por el periodo de 2007 a 2011, «porque aunque han eliminado la retroactividad en los pagos de la Dependencia, nosotros estábamos aún dentro del plazo». En este sentido, recuerda que en 2012, la Junta les notificó que se «pagarían esos retrasos en cinco años, de 2012 a 2016, todos los meses de marzo, pero el año pasado no se cobró y tampoco este año». A la pregunta de qué ocurre con el dinero y cómo han podido afrontar ese periodo sin los ingresos, guarda silencio y responde que «eso a los de la Junta no les preocupa, no es su problema». Guijo, que se expresa como una activista de la red, muestra su indignación cuando tiene noticias de ayudas a colectivos desfavorecidos en países en vías de desarrollo. «La verdad es que me duele mucho leer y oír que se aportan dos millones de euros para los niños de Sudamérica mientras yo tengo que dejar a mi hija todo el día con el mismo pañal», comenta angustiada. En cuanto a los pagos atrasados, las cantidades oscilan entre «los 6.000 euros en algunas de ellas y los 20.000 de otras».

Unas cifras muy elevadas para personas que en su mayoría se ven afectadas por los estragos de la crisis económica y que además no «saben a dónde recurrir». «Las familias están pasando muchas fatigas, porque somos gente que nos estamos viendo en una situación muy precaria. La solución que les aportan los abogados es la de llevar los casos ante la Justicia, pero la falta de dinero hace imposible que puedan emprender esta vía. A esta impotencia hay que unir una incapacidad real para poder ejercer el derecho a la manifestación, ya que no pueden «abandonarlos». Son «indignados» encerrados en su casa, porque «aunque queramos hacer movilizaciones, no podemos debido a la situación en la que estamos, ya que nuestros enfermos están encamados y necesitan vigilancia estricta por prescripción médica». «Nos sentimos solos y abandonados», asegura Guijo, que dice que ha escrito una carta al Tribunal Constitucional pero que no ha tenido respuesta alguna. «Hemos llegado a una situación en la que ya se está atentando contra la vida de los enfermos», cuenta.

Sus críticas también se centran en los inspectores que bareman los grados de los dependientes, pues le consta que «se están bajando para pagar menos». Cuando recibió la visita de uno, a la pregunta de si su hija mejoraba, le respondió que «entrara en la habitación y se quedara unos minutos, así sabría la respuesta adecuada y se daría cuenta de que eso no es posible», cuenta con crudeza.